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Cuando los argentinos viajan al exterior perciben que, en muchos comercios, los atienden personas mayores. Esto llama la atención porque, por estos lados, es difícil ver trabajando en un local a alguien fuera del rango entre 18 y 50 años. En realidad, ya después de los 45, conseguir un trabajo formal en Argentina puede ser problema. Hace falta alguna recomendación especial de un amigo o un empresario valiente. Aunque queden pendientes 20 años de aportes para jubilarse, estar sin empleo después de las cuatro décadas puede ser problemático.
En el marco de una difícil campaña a legisladores porteños, el PRO apela a la desesperación, evidenciando una total ignorancia en materia económica. No les bastó sacar la ley de alquileres a este espacio político, evidentemente. Ahora, Silvia Lospennato, quien compite con Manuel Adorni por el voto “no kirchnerista”, planteó una “ley de empleo para personas mayores de 50 años”. Su mensaje apareció esta semana en afiches callejeros, junto a la cara de la candidata con la sonrisa falsa de los políticos tradicionales. Todo lo repudiado por el electorado nacional cuando votó masivamente por Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa a finales de 2023.
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Es extremadamente preocupante que nadie en todo el espacio político perciba cómo estas legislaciones, a pesar de tener fines bienintencionados, terminan por convertirse en algo muy negativo. Para empezar, no solucionan el problema de raíz, en este caso la complicación para conseguir un trabajo después de los cincuenta, así como también complican más la situación de quienes en teoría serían los beneficiados por las leyes, incluso más que antes de aprobarse la normativa.
Para que las personas que están en los últimos años de trabajo activo antes de la jubilación consigan un empleo formal de forma más sencilla es necesaria una desregulación laboral total. No más leyes para emparchar un sistema fallido. Si los empresarios consideran que hacer un contrato laboral como los actuales para alguien de 65 años es más riesgoso que a uno de 30, debe brindarse la oportunidad para tener contratos más flexibles. Por ejemplo, por semestre o anuales. Esto, visto por la izquierda como una “pérdida de derechos”, en realidad es todo lo contrario: es la oportunidad de acceso a un empleo para todos.
El PRO, con estas ideas, se niega a dar el debate de fondo, generando más perjuicios en lugar de utilidad a la sociedad. Seguramente, cuando se presente la propuesta, Lospennato hablará de algún “beneficio” para el empleador. Sin embargo, esto afecta la igualdad de oportunidades de los candidatos a un empleo. Un trato desigual repudiable, sobre todo desde lo moral.
Por ejemplo, si una empresa necesita contratar a un empleado y tiene dos currículums de eventuales candidatos, por ejemplo, uno de 45 años y otro de 51, debería contratar a quien considere más eficiente para el puesto. Si la decisión se basa en un beneficio que lo hace elegir al otro (la diferencia podría ser inclusive de un año, con uno de 49 y otro de 50), el Estado habrá generado una injusticia para una persona con altas posibilidades de quedarse con el empleo en una situación de libre mercado sin distorsiones.
Si algo está logrando el gobierno nacional con el programa de reformas actual, además de arreglar los problemas históricos de Argentina, es educar a la opinión pública sobre el correcto funcionamiento de la economía. Sin embargo, la desesperación electoral del PRO va en sentido opuesto.
