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Durante el proceso reestatizador del kirchnerismo, las empresas públicas argentinas no solamente perdían millones, sino también recibían prebendas y privilegios por parte del Estado. El caso de los seguros del Banco Nación durante la última etapa de Alberto Fernández es solamente uno de los tantos casos que tuvieron lugar durante los doce años de Néstor y Cristina Kirchner.
Vale recordar que en un momento Mariano Recalde, quien estaba al frente de Aerolíneas Argentinas, le había pedido abiertamente a CFK quitarle las pocas rutas operadas por la competencia. Sin embargo, todas las empresas estatales eran deficitarias. Hasta la petrolera YPF, la cual ahora es superavitaria.
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Aunque las compañías públicas van reduciendo su estructura, eliminando sus déficits e incluso comenzando a dar ganancias, el presidente Javier Milei ya dejó en claro que, cuando estén los votos en el Congreso, todas pasarán al sector privado en el marco de un proceso privatizador y desregulador.
Lo llamativo (al menos para quienes descreían de este proceso liberal) es que las empresas del Estado comienzan a mejorar su desempeño de la mano de la pérdida de las prebendas que el Estado les otorgaba en carácter monopólico artificial y coercitivo.
El Banco de la Nación Argentina, que antes centralizaba los sueldos de los empleados públicos de la órbita nacional, ahora ya no será la única entidad acreditada a ese fin. Mediante una nueva desregulación del gobierno, el Nación ahora deberá competir con otras entidades financieras sprivadas para tener como clientes a los trabajadores del sector público.
Entre los bancos que podrán ofrecer sus servicios a partir de ahora están el Supervielle, Macro, Francés BBVA, Galicia, ICBC, Santander, Patagonia y Credicoop.
La resolución fue confirmada por la Decisión Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete, que permite el “servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito” de cuentas para sueldos durante de tres años, con opción de prórroga de un año más.
“En virtud de ello, corresponde instruir a las referidas jurisdicciones y entidades a que confeccionen los términos de referencia, tomando en consideración los parámetros contemplados en el Pliego para la elaboración del plan de trabajo y, evaluarlos priorizando sobre los servicios básicos ya comprendidos los mayores beneficios que puedan obtenerse para el personal estatal, entre los que deberá considerarse especialmente, por su conveniencia, el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales”, señala la normativa.
Aunque estas reformas parecen no ser lo suficientemente relevantes cuando se repasa la problemática argentina, la multiplicidad de estas arbitrariedades en todos los estamentos estatales es lo que justifica el desastre ocurrido en el país. Argentina lentamente comenzó a transitar la senda del atraso con todas estas cuestiones. Ahora, también lentamente para las ansias que tenemos todos, comienza a ir en la dirección opuesta.
