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Argentina está terminando su problema inflacionario y cambiario. Sin embargo, como la población sabe, aunque se estabilicen los precios, los productos en el país siguen siendo caros. Para solucionar esto, sobre todo en el importantísimo sector de los supermercados, hay que atacar varios frentes, que nada tienen que ver con el tipo de cambio, como sugieren algunos economistas.
Para empezar, hay que permitir el ingreso de la competencia internacional de diversos productos. También, lógicamente, hay que bajar impuestos. Hay que reducir lo que se llama “costos laborales”, pero que en realidad no tienen mucho que ver con el salario de los trabajadores. Hay que llevar lo más cercano a cero que se pueda la diferencia entre lo que paga el empleador y lo que se lleva al bolsillo el empleado (que no es poco). También hay que abrirle las puertas del mundo a los productores argentinos, que podrían fabricarse a escala, reduciendo dramáticamente los costos unitarios de los artículos en góndola. Pero, además de todo esto, hay que terminar con todos los quioscos corporativos y coercitivos que se imponen entre las empresas, los consumidores y las relaciones libres y voluntarias establecidas en nuestra Constitución Nacional.
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En el pujante y virtuoso sector vitivinícola hay varias regulaciones que necesitan ser derogadas con urgencia. Como, por ejemplo, la obligatoriedad de producir una proporcionalidad de mosto, quieran o no las bodegas. Algunas deben utilizar parte de su producción y otras se resignan a comprar cupos para librarse de esa normativa abusiva y extorsiva que tiene lugar entre Mendoza y San Juan.
Pero si de extorsión en el sector vitivinícola hablamos, sin lugar a dudas, lo que se lleva todos los premios es el absolutamente injustificable COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina. O deberíamos decir “el organismo extorsivo y mafioso de la vitivinícola argentina”.
Bodegas de Argentina no participa en COVIAR desde el año 2019. Decisión que se tomó debido a la falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión. Sin embargo, las empresas están obligadas por ley a aportar recursos a esta institución y son inmovilizadas sus +
— Bodegas de Argentina (@BodegasAR) April 22, 2025
En una definición que haría revivir de la ira a Ayn Rand, para volver a morir de un síncope, el organismo dice que es un ente “público privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola. Busca, además, alcanzar las metas colectivas del sector para conseguir el bien común de todos sus actores”. Es decir, un palabrerío que nada dice y, cuando dice algo, se trata de un colectivismo puro y duro del peor.
Como suele ocurrir en todas las iniciativas estatales (este es otro regalito que dejó el kirchnerismo), esta búsqueda del “bien común” termina siendo pagada por todo el sector, pero beneficiando a algunos pocos. Es decir, para hacer vino en Argentina hay que pagarle una proporción a esta entidad. Obligatoriamente. Pero es por el bien común de todos, claro.
En el marco de las desregulaciones que impulsa el Poder Ejecutivo, el diputado nacional Damián Arabia presentó un proyecto de ley para terminar con este aporte coercitivo a COVIAR que, al fin de cuentas, funciona como un impuesto más. Como dijimos, cada vez que el precio de un producto en la góndola nos parece excesivo, deberíamos analizar todo lo que hay en el camino del productor y del consumidor, para saber todos los negociados que hay que terminar. Este es uno.
La presentación de Arabia puso en alerta a la “entidad”, por lo que su titular, Mario González, decidió responder con un ataque poco fundamentado. Que él no conoce el sector y que es necesario que el “aporte” sea obligatorio, para el mejor funcionamiento de las mismas bodegas.
PanAm Post consultó a varias empresas del sector, grandes, medianas y pequeñas y todas le dieron la razón al diputado y ninguna a González y a COVIAR. Incluso, coincidieron, en que la entidad “público-privada” tiene un poder represivo más potente que el de la agencia recaudadora de impuestos. Si no pagan, no pueden vender. Es decir, un comportamiento directamente mafioso.
