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Si en el debate político solamente se pudieran utilizar las palabras adecuadas con sus verdaderos significados, la oposición a Javier Milei tendría serios inconvenientes para encontrar argumentos sólidos para cuestionar al gobierno.
No es casual que una buena parte de los artistas, músicos y actores comulguen con el kirchnerismo, siempre tan “generoso” ha sido con ellos con los recursos de los contribuyentes. Desde diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza llegó al gobierno, la comunidad artística —con el peronismo detrás— acusa al gobierno de tener una actitud de “censura” con ellos.
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Rompiendo por completo los lazos entre la palabra y su significado, se plantea en la agenda algo tan descabellado como decir que Milei busca “censurar” a los artistas que no comulgan con su proyecto político. Sin embargo, ¿qué quiere decir “censurar” a alguien? Estas cuestiones básicas deberían estar claras, pero, lamentablemente, dado el nivel del debate público y las barbaridades vistas en los medios, es necesario hacer las aclaraciones pertinentes.
En la historia reciente, tanto en gobiernos constitucionales como militares, existió verdadera censura en Argentina. Es decir, el gobierno de turno movía los hilos del poder y establecía listas negras, para que sus críticos no puedan ser contratados por discográficas, cinematográficas, canales de televisión o radio. Todo esto empezó en el primer peronismo, cuando se planteó una estatización total de la programación, en sintonía con los procesos fascistas imperantes en su momento en Europa.
Los militares, quienes retornaban al poder frecuentemente para corregir los supuestos desvaríos de la democracia, también apelaron a las mismas armas. Sea por cualquier color político, en Argentina muchos artistas se veían impedidos de trabajar. Por lo tanto, se exiliaron.
Con el retorno de la democracia hasta Raúl Alfonsín cayó en la tentación de vetar voces disidentes de la televisión. El caso de Mirtha Legrand es uno de los más conocidos por la opinión pública. Durante el menemismo se vivió una inédita libertad de prensa y no se registraron casos de personas impedidas de trabajar por la acción del gobierno.
Durante los años del kirchnerismo, todas las discrecionalidades se tornaron exponenciales. Se “apretaba” desde lo más alto del poder a medios privados para quitar periodistas de determinados programas y hasta se aprobó una ley de medios, para configurar el esquema comunicacional a gusto del gobierno, una medida afortunadamente frenada por la justicia. Sin embargo, se utilizaron fortunas para financiar programas en la televisión pública, producciones en los canales privados y se gastaron millones de dólares en películas de actores y cineastas amigos, además de recitales “gratuitos” pagados por todos los contribuyentes. Curiosamente, todos estos beneficiados tenían afinidad política con Cristina Kirchner. Una casualidad, claro.
Ante la llegada del “plan motosierra” de Javier Milei, que redujo dramáticamente el gasto público (y por ende la emisión monetaria, liquidando el problema de la inflación), muchas personas perdieron sus privilegios. Es decir, el Estado nacional dejó de financiar recitales, películas, programas de televisión y obras de teatro. “Los artistas” (aunque existen voces disidentes de sobra confirmando que no existe ningún colectivo homogéneo), no solo se arrogaron el derecho de la representación del gremio, además de ello, acusaron al gobierno de “censor”.
Aun cuando no se haya registrado ni un solo caso de alguien con dificultad de desempeñarse laboralmente por presión directa o indirecta del gobierno, se planteó ante la opinión pública que Milei lleva a cabo un gobierno adepto a la “censura”. Estas estupideces se repiten, no solamente en los medios nacionales, sino también internacionales.
La estrategia comunicacional es burda. Se deja de lado el significado de la palabra censura (en Argentina no hay absolutamente nadie “censurado” y las redes sociales son una prueba de ello) y se le aplica esa definición al final de los subsidios o la asignación de lugares públicos para eventos que deben desarrollarse en el sector privado.
Como, a priori, la idea de la censura representa algo negativo para todas las personas de bien, el kirchnerismo la desvirtuó para confundir al electorado, con ayuda de sus comunicadores obsecuentes, quienes también están deseosos de volver a recibir dinero del Estado. Esos sobornos deberían llamarse de esa manera, pero se denominan como “pauta oficial”.
Como ocurrió con el “impuesto solidario” durante la pandemia —una contradicción en términos, porque todo lo es solidario es voluntario, y por lo tanto no “impuesto”— una vez más es necesario apelar al diccionario. El enemigo orwelliano está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llevar agua a su molino. Una de las estrategias es esta falacia comunicacional, necesaria para desarticular desde lo más básico, recordando qué quieren decir las palabras.
