La Cámara de Diputados no logró el quórum para el tratamiento del proyecto de ficha limpia con ausencias transversales de varios espacios políticos, incluido el PRO que fomentaba la iniciativa.
Ahora, con Cristina Fernández de Kirchner con una condena en las dos primeras instancias, mientras se espera el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, el debate quedó prácticamente vinculado a la figura de la expresidente, debido a que ella planea postularse el año próximo en las legislativas de 2025. Este evento seguramente suceda antes que el máximo tribunal deje firme, no solo su condena por corrupción sino el impedimento a ejercer cargos públicos.
El argumento en favor de la iniciativa es claro. Ante casos de corrupción absolutamente tangibles, como es el caso de la exmandataria, no habría que esperar hasta la última instancia judicial para impedirles postularse a los delincuentes a cargos electivos. De esta manera, con una herramienta así en vigencia, la política iría limpiándose de dirigentes con historiales opacos, que se aprovechan de los tiempos judiciales para aferrarse a sus puestos y no dejar nunca de vivir de la teta del Estado.
Sin embargo, aunque resulta inaceptable para cualquier persona ajena a la corrupción permitir que delincuentes participen en procesos democráticos, el uso de estas herramientas conlleva riesgos potenciales. A pesar de que el kirchnerismo insiste en que se busca proscribir a CFK, una afirmación claramente infundada, no puede descartarse que, en el futuro, se utilice alguna instancia judicial para excluir a un candidato de la contienda electoral.
No hace falta pensar en las “repúblicas bananeras” para imaginarse un escenario semejante. Hasta en los Estados Unidos la persecución judicial contra Donald Trump dejó en evidencia que si la corporación política desea, puede utilizar algunos jueces asociados para despejar la competencia política.
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Aunque dictaduras como la venezolana no disfrazan sus intenciones de no volver a llamar a elecciones, los últimos comicios allí evidenciaron que el chavismo no tenía ni los suficientes votos como para poder fraguar un resultado luego. La proscripción de María Corina Machado fue un intento en vano del régimen, que de contar con recursos como este, puede ir “eliminando” a los competidores mediante fallos judiciales de poderes judiciales afines.
A simple vista, si el sistema funcionara, estas herramientas relevantes podrían tener todo el sentido del mundo. Sin embargo, los riesgos que conlleva también son para tenerlos en cuenta. Lo ideal sería que los corruptos, como el caso de Cristina Kirchner, cuenten con un repudio de la sociedad civil como para condenarlos de nuevo en las urnas. Lamentablemente, buena parte del electorado ignora o justifica estas cuestiones por asuntos ideológicos o de afinidad política.
Más allá de ambas posiciones, por ahora en Argentina sigue abierta la discusión. Apartando lo sucedido este jueves en la Cámara Baja, todo hace pensar que este debate continuará. Lamentablemente, de aquí al próximo año, las discusiones girarán alrededor de la coyuntura y de la situación de Cristina Kirchner.