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El cambio en titularidad del ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina sería solamente la punta del iceberg de algo que estaría sucediendo en la Cancillería. A causa del crecimiento exponencial de todas las dependencias públicas del kirchnerismo, se desempeñarían allí, como en otros órganismos, muchos funcionarios que no comulgan con la propuesta geopolítica del presidente Javier Milei, quien se impuso holgadamente en las urnas el año pasado.
Producto de esto, desde el gobierno propusieron una depuración, con la finalidad que los que allí se desempeñen, sobre todo en cargos donde de ellos depende la posición internacional argentina, mantengan y defiendan la hoja de ruta planteada por el mandatario nacional.
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Lo que parecería ser una cuestión de puro sentido común, se convirtió en una nueva excusa para objetar y tildar de “autoritaria” a una gestión que, simplemente, desea poner en marcha el programa de gobierno que le propuso al electorado.
¿En qué país los funcionarios que deben implementar la política exterior manifiestan diferencias que entorpecen las funciones que deben desarrollar? En el único lugar del mundo donde esto se vio fue en la Argentina del kirchnerista Frente de Todos (2019-2023), que tuvo cuatro años sin decidirse sobre si en Venezuela hay o no una dictadura. Lógicamente, esto es inaceptable para cualquier cualquier gobierno.
Varios periodistas, como el conductor radial Ernesto Tenembaum, cuestionaron la visión del gobierno que pretende unificar criterios de la política exterior argentina. En una insólita analogía, el autor de Milei, una historia del presente, dijo que él no hace programas con columnistas que piensen lo mismo que él. Obviamente, un programa periodístico, donde muchas veces el disenso permite el debate constructivo, no es un ministerio donde se desarrollan las relaciones internacionales del Ejecutivo.
El presidente argentino dejó en claro que la alineación será con Israel y los Estados Unidos y la cancillería no puede tener funcionarios que insistan con las defensas de las dictaduras o de los grupos terroristas como Hamás. La salida de los funcionarios kirchneristas que pretenden combatir desde adentro, mediante el boicot, a la agenda que votaron los argentinos en las urnas no solamente no tiene nada que ver con el autoritarismo, sino que es una necesidad. Algo imprescindible para que el gobierno pueda cumplir con los objetivos que le prometió al electorado.
Claro que los que pretenden ir en otra dirección, además de tener un debate de orden ideológico con las autoridades, tienen como propósito colaborar con la búsqueda del fracaso del actual gobierno. Lógicamente, el presidente no se puede dar el lujo de ignorar esta situación y tiene que ir hasta las últimas consecuencias.
Además, esto presenta una oportunidad interesante para reducir el número de los funcionarios de la Cancillería, en sintonía con lo que ocurre en otras dependencias públicas. Cuando termine la gestión de la Libertad Avanza, los funcionarios “políticos” también deberán volver al sector privado y no entorpecer el próximo gobierno que los argentinos decidan darse en el marco de la democracia.
