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Desde que Donald Trump aseguró que sería detenido por el caso que investiga un supuesto intento de soborno, muchos analistas comenzaron a hacer una analogía con Cristina Fernández de Kirchner. Es que, la vicepresidente argentina, fue condenada en primera instancia y sus partidarios aseguran que la justicia busca “proscribirla” para que no pueda participar en las próximas elecciones. ¿Existe una animosidad por parte de los poderes judiciales para bloquear la participación política de dos de los principales dirigentes del continente americano?
Lo cierto es que los dos casos son bien diferentes. Aunque, a grandes rasgos, hablemos de dos exmandatarios con vigencia política que podrían volver a presidir sus países, los procesos no tienen absolutamente nada que ver. En el caso de Trump, hasta es discutible que los hechos que se le imputan sean considerados delito. Se le acusa de haberle pagado 130.000 dólares a una actriz porno, para que ella guardara silencio sobre un supuesto encuentro sexual que habría tenido lugar entre ambos. A pesar de la acusación de la fiscalía de Nueva York, varios especialistas en derecho norteamericano aseguran que, de corroborarse los hechos, ni siquiera estaríamos frente a una acción punible en lo judicial.
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Aunque Trump niega hasta el encuentro con ‘Stormy Daniels’, en todo caso lo que pudo haber sucedido allí es un acuerdo privado entre partes, con el dinero privado del acusado. Inclusive sería posible de analizar un caso de extorsión por parte de la mujer, ya que habría recibido una importante suma de dinero por solamente guardar silencio sobre un asunto. Claro que cada elector puede tener su opinión al respecto y es válido que alguien considere no votar por el expresidente por un acto de supuesta inmoralidad. Pero lo cierto es que el asunto debería ser juzgado en ese ámbito: en el de la moralidad de cada uno. Definitivamente no tiene nada que ver la justicia y el Estado en todo esto.
La condena a CFK, que seguramente sea ratificada por Casación y la Corte Suprema en los próximos años, no tiene analogía posible con el caso Trump, ya que se trata de una grosera y multimillonaria malversación de fondos públicos. Como demostró la justicia, tanto la vicepresidente como su fallecido esposo, Néstor Kirchner, montaron desde el Estado un sistema para que el dinero de la obra pública de la provincia de Santa Cruz fuera a parar a la empresa de Lázaro Báez. Un hombre que era un empleado bancario y que, sin ninguna experiencia en el rubro, fundó la constructora que se llevó la mayor parte de los contratos provinciales durante el kirchnerismo. ¿Hay que decir que era uno de los mejores amigos del expresidente o es bastante evidente?
Entre los logros de Austral Construcciones hay rutas que no van a ningún lado y obras sin terminar. Pero el “empresario” terminó con un patrimonio territorial comparado con 20 ciudades de Buenos Aires, una al lado de la otra. Ante este escándalo sin precedente, incluso para los parámetros argentinos, la condena a Cristina parece hasta poca cosa. Sin embargo, el kirchnerismo insiste en la tesis de la “proscripción”.
Donde sí parece que hay animosidad política es en el caso de Estados Unidos, donde se arremete contra un expresidente por algo absolutamente irrisorio, que debería limitarse al juicio moral y ético de cada persona. No en el ámbito judicial, político y gubernamental. Mucho menos cuando el dedo acusador es el del Partido Demócrata, que no puede explicar varias cuestiones vinculadas a la gestión actual de Joe Biden, que sí deberían ser judicializables.
