A diferencia de los juicios tradicionales, donde los acusados buscan proclamar su inocencia ante la fiscalía, el caso de los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa es distinto. No hay ninguna duda sobre la autoría del siniestro. Hasta en los celulares de los autores del crimen está documentado el hecho, del que además sobran los testigos visuales. En el caso que sacude a la opinión pública argentina, el debate pasa por otro lado: si un grupo de violentos que le propinó una paliza a una persona, causándole la muerte, debe ser condenado de la misma manera que un homicidio intencional.
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El fiscal, para pedir la pena máxima de cadena perpetua, tuvo que tomar un riesgo importante. Debe demostrar ante los jueces del tribunal que la patota quiso terminar con su vida. Claro que, con la saña que lo golpearon, esto podría ser argumentable. Sin embargo, la otra corriente de opinión considera que el equipo de rugby que liquidó a Báez Sosa a patadas y trompadas, no quería más que propinarle una golpiza, luego de una clásica pelea de boliche.
De más está decir que la empatía de la sociedad está con la familia del muchacho, que tenía 18 años al momento de ser asesinado. Insólitamente, los periodistas que se muestran como los voceros de la pena más benigna están del lado de los comunicadores kirchneristas. Pablo Duggan decidió manifestarse desde las cuestiones técnicas del proceso, insistiendo con que es muy “difícil” jurídicamente comprobar lo que la fiscalía necesita. Más lejos aún fue Raúl Kollmann, quien argumentó que le podría pasar a cualquiera (no que lo maten, sino participar de una golpiza que termine con la muerte de una persona) y que la condena a cadena perpetua igualaría a los acusados con Jorge Rafael Videla.
También me cuesta entender a los q piden para los rugbiers la misma pena que para Videla o Pablo Escobar ¿no perciben q les puede pasar a sus hijos? Se pelean dentro del boliche quedan calientes salen a pegar una paliza como todos los finde y esta vez matan Aún así no son Videla
— raul kollmann (@tunykollmann) January 11, 2023
Aunque la mayor parte de la opinión pública argentina los cuestionó duramente por todos los medios, en la discusión sí está presente la idea que, de alguna manera, es cierto que muchos padres podrían estar hoy en esa situación. No solamente en la de los Báez Sosa, sino la de los familiares de los que están en el banquillo de los acusados.
La degradación social argentina hizo que, ciertamente, estas escenas se repitan permanentemente a lo largo y ancho del país. Sin embargo, normalizarlo sería contribuir con la continuidad y el agravamiento de la situación. Como le tocó a Fernando perder la vida aquel 18 de enero de 2020, les tocó a estos violentos enfrentar a la justicia por sus acciones. ¿Quisieron matarlo? Más allá de la discusión técnica, ojalá que la fiscalía pueda comprobarlo para conseguir la pena máxima. Y si en el Código Penal una situación semejante abre la posibilidad de castigos menos graves, lo cierto es que esto debería ser modificado para que en el futuro no haya que corroborar la intención concreta de terminar con la vida de una persona.
Si un grupo de energúmenos golpea en manada a alguien, mientras otros se dedican a evitar que puedan ayudar a la víctima indefensa, todos deben ser considerados culpables del peor de los delitos. ¿Pensaban los agresores que aquel episodio podía arruinarles la vida? Seguramente no. Al menos, esto podría dejar un precedente para los violentos e irresponsables que consideren divertido hacer algo semejante en el futuro.
Ojalá que los condenen con la pena máxima que la ley disponga.