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El kirchnerismo tiene voceros para los diferentes trabajos. No todos son muy sofisticados, claro. Cuando lo que hay que decir es absolutamente inadmisible, los comunicadores que ponen la cara para semejantes barbaridades suelen ser los más impresentables. Y entre las opciones más berretas que tiene a mano, la que destaca es la del jefe de bancada en el Senado, José Mayans. Sí, el legislador por Formosa que dijo, seguramente, la barbaridad más inadmisible en la política argentina desde el retorno a la democracia: que en pandemia “no hay derechos”. Aunque suene increíble, esta persona sigue ocupando su banca en la Cámara alta. Y en sintonía con esa estupidez, ahora dice que hay que “parar” el juicio contra Cristina Kirchner, para que vuelva la “paz social” al país.
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Lo importante es que, hoy lunes 5 de septiembre, el juicio sigue su curso, como tiene que ser. Sin embargo, para el kirchnerismo (y para Mayans que puso la cara para manifestarlo), el ataque de la última semana es suficiente motivo como para “parar” el proceso judicial. “Si no existe justicia, es muy difícil que exista paz social”, dijo ayer el senador. “Hay que pararlo”, dijo con respecto al juicio, en una declaración que invita más a la carcajada que a tomarla en serio. Para el legislador, “la justicia” fue “cooptada por un grupo económico”, por lo que supuestamente el proceso judicial estaría “viciado de nulidad”. Un mamarracho por donde se lo mire.
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Aunque tardaron demasiado, afortunadamente la oposición y los medios independientes parecen haber tomado nota de las intenciones del kirchnerismo: utilizar el ataque contra CFK para cuestionar la causa de corrupción en su contra y aprobar nueva legislación en contra de los supuestos “mensajes de odio” que habrían motivado el ataque. Aunque en la noche del jueves todo parecía ir rumbo hacia el escenario que deseaba el kirchnerismo, con el correr de las horas comenzó a aclararse el panorama. Pareciera estar en claro que el ataque no tiene nada que ver con la causa “Vialidad”, que debe seguir su curso, y que no hay lugar en Argentina para ninguna legislación filochavista, que pueda impedir el ejercicio constitucional de la libertad de expresión.
En las últimas horas, en el marco de la investigación del ataque contra la vicepresidente en la puerta de su domicilio, la jueza envió a detener a la pareja del hombre que apuntó contra Kirchner. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le ofreció la renuncia al presidente por el paupérrimo desempeño de la custodia de Cristina, pero Alberto rechazó el ofrecimiento.
Durante el fin de semana, la jueza María Eugenia Capuchetti fue a la residencia de Kirchner a tomarle declaración. Varios trascendidos periodísticos indicaron que la vicepresidente quiso hablarle de la supuesta persecución política que sufre, que habría desencadenado en el hecho, pero la magistrada no hizo lugar a nada de todo esto. Ante esta situación, la jueza habría “cortado en seco” a CFK, según el periodista Luis Gasulla, pidiéndole que se expida sobre lo que le preguntaba exclusivamente.
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