En la provincia de Buenos Aires, por ahora, al menos doce personas perdieron la vida tras consumir cocaína adulterada. Sin embargo, la lista podría engrosarse en las próximas horas, ya que hay al menos cincuenta pacientes más que se encuentran hospitalizadas con distintos grados de intoxicación, al parecer, por la misma causa. Al igual que los fallecidos, todos habrían comprado la sustancia al mismo proveedor.
La cuestión de las intoxicaciones mortales, que muchas veces se computan como sobredosis, debería estar presente en el debate de la legalización de las drogas. Sin embargo, el tema queda usualmente como una cuestión menor ante otros argumentos. Sin embargo, es fundamental.
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“Se pone en conocimiento de la población que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad”, informó la Fiscalía General de San Martín mediante comunicado de prensa. Los investigadores coinciden que hasta el momento no habían visto “nada igual” en el distrito bonaerense y el ministro de Seguridad pidió que los que compraron cocaína en las últimas horas “la tiren”. Aunque la investigación está en sus inicios, ninguna de las pistas ha sido descartadas. Claro que es una posibilidad que el tóxico letal no haya sido incluido de forma premeditada, sino que pudo ser el resultado de algún corte para abaratar costos e incrementar márgenes de ganancia. No obstante, la pista del envenenamiento adrede, que podría estar vinculada al accionar de bandas narcos competidoras, también está siendo considerada por las autoridades.
De lo que no hay dudas es que, si la sustancia habría sido adquirida en un mercado legal, hoy no tendríamos que lamentar estas muertes. Claro que no todo lo que se adquiere legalmente y está permitido es sano. Sin embargo, el sentido común indica que nadie puede ser el mejor guardián de sus propios intereses que uno mismo. Y, sobre todo, que el Estado y la autoridad central no tiene ni los incentivos ni las capacidades para cuidar a las personas de sí mismos. ¿Cómo va a poder hacer esto con los actos privados de la intimidad, si ni siquiera el Estado argentino puede abastecer de la mínima seguridad en materia de delincuencia?
La visión que propone mantener la prohibición de las drogas, simplemente porque se trata de un producto nocivo, que genera adicción y que puede terminar hasta en la muerte de la persona, pone el foco en una sola cuestión. Lo que no dicen, ni siquiera reconocen, es que, de la mano de la “guerra contra las drogas”, los individuos que desean consumir lo hacen igual. La diferencia es que acuden al mercado negro, donde ninguna marca o empresa pone su nombre detrás de los productos.
Dejemos en claro que el planteo que propone desregular, tanto la venta como el consumo, no relativiza ni el riesgo de la adicción, ni nada por el estilo. Solamente advierte que no hay solución óptima: una es mala (que la gente se drogue) y la otra es peor: que la gente consuma abastecida por el mercado negro. Allí, además del daño que se genera el consumidor o adicto, se produce una cadena destructiva que incluso termina afectando los derechos y libertades de las personas que no consumen. Cuando el narco opera se corrompe el sistema político, el judicial y el policial. Al ocurrir este proceso, todos los ciudadanos son víctimas de un Estado corrupto e ineficiente. Los que menos suerte tienen caen abatidos por la calle, alcanzados por balas perdidas en enfrentamientos de narcotraficantes. En la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, esto es moneda corriente.
La posición que plantea la prohibición, pensando que así se termina el consumo —esperando que se reprima exitosamente la compra y la venta— es una falacia absoluta. Esto no lo logran ni los gobiernos autoritarios que castigan la tenencia o la venta con la pena de muerte, ni Estados Unidos con todo el presupuesto de la DEA. Pensar que el Estado argentino sí podrá dar esta lucha es un mal chiste. Uno caro y peligroso.
Si logramos salir del pensamiento mágico infantil, de perseguir una idea óptima que no está en el menú, puede que lleguemos a la conclusión que las soluciones para mejorar estas cuestiones en el futuro están en el pasado. Por un lado, recordar que hasta que Estados Unidos comenzó su fallida “guerra contra las drogas”, las mismas existían en el mundo desde el inicio de los tiempos. Allí no había narcotráfico, funcionarios corruptos, ni tampoco tantos adictos como ahora. Todas las sustancias más nocivas y adictivas son hijas de la prohibición. Nada de eso existía hace siglos en los fumaderos de opio, ni en el mundo de los tangueros de Carlos Gardel a principio del Siglo XX, cuando la cocaína se compraba en la farmacia.
Pero el pasado nos ofrece algo más reciente incluso, que debería llamarnos a la reflexión. La “ley seca” norteamericana, además de generar mafias que hoy perduran, y se dedican a otros rubros, se cansó de fulminar personas, que caían envenenadas. Como ocurrió ahora con la cocaína adulterada, muchos estadounidenses perdieron la vida por consumir bebidas alcohólicas abastecidas en la clandestinidad, con nulos controles de salubridad. No hace falta ser historiador para aprender de todo esto. Pasó antes de ayer en el mundo. Aunque terminó en Estados Unidos en 1933, en varias ciudades de Canadá se insistió con esta locura hasta 1945.