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En lo personal puedo acceder sin inconvenientes al pasaporte sanitario que solicitará el Gobierno argentino a partir del 21 de diciembre para acceder a ciertos lugares y actividades. Cuento con las dos dosis de la vacuna Pfizer, que decidí darme en los Estados Unidos en agosto de este año, por lo que estaría apto para tener el ‘ok’ reflejado en la aplicación del teléfono celular, que garantice mis derechos y mi libertad de movimiento.
Sin embargo, descargar el sistema (que debe haber hecho millonario a un privado inescrupuloso proveedor del Estado) ya me genera rechazo absoluto. Es que el kirchnerismo, que no distingue lo gubernamental con lo partidario, se ha cansado de utilizar las plataformas de trámites estatales para finalidades político partidarias. Han tenido la impunidad hasta de replicar discursos políticos de Alberto Fernández. No son pocos los especialistas en sistemas que advierten además el potencial peligro de control que significan descargar estas aplicaciones, que van reduciendo la intimidad del ciudadano ante los ojos de un Gran Hermano cada vez más grande.
Ya desde el primer kirchnerismo vengo advirtiendo sobre los riesgos de estas cuestiones. Probablemente la primera haya sido la implementación de la tarjeta SUBE, utilizada para el transporte público. Aunque se aseguró desde el Estado que no se utilizarían los datos de las personas para ningún tipo de seguimiento, convoqué junto a un grupo de liberales al intercambio frecuente de las tarjetas, para que el Gobierno no cuente con la información que debería ser confidencial de las personas.
La movida llegó a los principales diarios y según me comentaron desde los servicios de inteligencia (que ya tenían sus internas con el kirchnerato desde entonces) la iniciativa me costó mi primera carpeta de seguimiento. Siempre me dio curiosidad el contenido de la misma. Algún día tendré la oportunidad que tuvieron los ciudadanos de la extinta Alemania del Este de ver sus archivos tras la caída del muro.
Con la llegada de la pandemia, el Frente de Todos tuvo la idea de bloquear las SUBE de los denominados “no esenciales” durante los días de la cuarentena. Era evidente que tarde o temprano iban a darle alguna utilización de índole autoritaria. Pero ahora fueron más lejos. Como no pueden obligar a vacunar a las personas, piensan generar incentivos perversos para convertir en ciudadanos de segunda a los no vacunados.
Esto no empezó con el pasaporte o “pase sanitario”. Desde hace meses que existe una fuerte campaña de acoso para los denominados “anti-vacunas”, que en realidad no son tal cosa. Desde todos los aparatos comunicacionales con los que cuenta, el oficialismo denigró a las personas que decidieron no darse la vacuna contra el COVID-19, asociándolos a los delirantes que descreen de las vacunas en general.
El término “anti-vacunas” prendió en una ciudadanía incauta y vulnerable ante estas estrategias peligrosas. Mucha gente, que inoculó a sus hijos desde la más temprana edad con las vacunas conocidas y chequeadas a lo largo de varias décadas, todavía tiene reparos y dudas con las que se utilizan contra el coronavirus. Y están en su derecho. Rotularlos como “anti-vacunas” es una inmundicia inaceptable, digna de gobiernos abusivos, que desprecian la individualidad y el pensamiento crítico de las personas.
Como dije, aunque cuento con las dosis como para obtener el pase impulsado por el Gobierno, utilizarlo me parece absolutamente poco empático y solidario con los que decidieron no vacunarse. Y como advirtió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, las mismas empresas fabricantes reconocen que la inoculación no elimina bajo ningún punto de vista el riesgo de contagio, por lo que proponer semejante iniciativa, además de totalitaria, es absolutamente ineficiente.
Todas las medidas que llevan a cabo los gobiernos tienen su aplicación limitada a la aceptación de la ciudadanía. Si todos decidiéramos en conjunto salir a robar, violar y matar, no existiría el enforcement como para evitarlo. La mayoría no lo hacemos, no porque es ilegal, sino porque está mal desde el punto de vista moral más básico. Si las grandes mayorías aceptan esta iniciativa, además de validarla y permitir que entre en vigencia, quedará en evidencia que el kirchnerismo es el menor de los problemas. Puede que el más importante sean nuestros propios vecinos, como ya vimos en varias oportunidades en lo más duro de la cuarentena, con los denunciadores seriales que encontraron sentido a sus pobres vidas al convertirse en agentes ad honorem de las stasis criollas, tanto de Alberto Fernández como de Horacio Rodríguez Larreta.
