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Para el Gobierno de Alberto Fernández, hace tiempo que la Constitución Nacional no tiene ningún valor. Luego de todos los atropellos que hicieran con la cuarentena, que llevó a la quiebra a miles de comercios y Pymes, el Poder Ejecutivo ahora vuelve a atentar contra el Artículo 14 de la Carta Magna que dice que existe el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir” del territorio argentino.
En el marco de una arbitrariedad inadmisible, desde ayer, de las 2000 personas que ingresaban por día al país, el número se redujo a 600. Las autoridades ignoraron los vuelos contratados, los pasajes comprados y la situación económica y laboral de quienes se encuentran en el exterior.
“Todas las compañías han sido fuertemente afectadas debiendo cancelar y/o reprogramar parte de sus vuelos previstos para lo que resta del mes de junio y parte del mes de julio, en función de las autorizaciones recibidas hasta el momento», señalaron en un comunicado desde la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina.
Desde la entidad advirtieron que se recibieron cancelaciones de vuelos aprobados hasta fin de mes, incluso en el mismo día del vuelo en cuestión. La situación “deja a nuestros pasajeros con la inesperada sorpresa de no poder regresar”. En la noche de ayer, los medios de comunicación recogieron el testimonio de viajeros en Estados Unidos que deberían haber regresado hoy, pero que les han pospuesto el viaje al 10 de julio.
Por estas horas, las personas que viajaron para vacunarse en el exterior ante el desmanejo del Gobierno deberán extender su estadía y, lógicamente, hacerse cargo de unos costos no planificados. Pero este nefasto escenario también afectó a quienes que ya habían despegado de la ciudad donde se encontraban, pero que tenían vuelos con escala mientras entraba en vigencia esta atrocidad jurídica. Sin poder abordar el segundo avión con destino Ezeiza, los pasajeros que quedaron varados en la conexión al menos tuvieron la suerte que las compañías aéreas les pagara el gasto de hospedaje.
En teoría, esto tendría que finalizar el 9 de julio. Pero entre esos 2000 arribos por jornada y las 600 que ahora están funcionando, hay una diferencia de 1400 diarios que generará un cuello de botella importante, y que seguramente afectará los vuelos durante varias semanas más.
Críticas de los constitucionalistas
El abogado constitucionalista Félix Lonigro recordó la vigencia del Artículo 14. Precisó también que la nueva restricción “no está prevista por ley” y que, aunque el Congreso lo avale, se estaría restringiendo “desproporcionadamente” un derecho.
El especialista añadió que existe un problema de “legalidad”, ya que se trata de una “decisión administrativa” que, como ocurrió con los anteriores Decretos de Necesidad y Urgencia, ni siquiera se discutió en el parlamento.
Cabe destacar que Alberto Fernández quiso enviar un proyecto de ley al Congreso, que avale “superpoderes” mientras dure la emergencia, para evitar los permanentes, reiterados y cuestionados DNU. Sin embargo, tanto diputados como senadores oficialistas y opositores, en terminología de las ciencias políticas argentinas, podría decirse que se hicieron los boludos y patearon para adelante el tratamiento.
Es que saben que cuando cambie el humor y el color político en el país, muchas de las barbaridades que hoy tienen lugar serán duramente cuestionadas. Recordemos que la Constitución califica como “infames traidores a la Patria” a los funcionarios legislativos que sean cómplices de una delegación de poderes al Ejecutivo.
“No existe razón alguna para la prohibición del regreso de los argentinos. No se puede, como dijo la directora de Migraciones, Florencia Carignano, prohibir la entrada al país bajo el argumento del ‘yo te avisé‘, porque no funciona así. Acá tienen que existir normas, reglas, leyes que declaren las limitaciones a las libertades y que deben ser establecidas por el Congreso Nacional y no por una resolución provincial. Claramente son medidas inconstitucionales que producen una grave ofensa a las normas de la Constitución», señaló Diego Armesto, quien funge como otro experto en materia jurídica, al hacer referencia a la patética respuesta oficial, que buscó justificar la medida diciendo que ellos advirtieron a los viajantes que pueden existir eventuales inconvenientes. “Firmaron una declaración jurada en la que asumían las consecuencias”, espetó la funcionaria de Migraciones impunemente tras la implementación de la medida ayer.
