“Sí señor”. Así, sin titubeos, Victoria Tolosa Paz aseguró que en Venezuela existe el “Estado de Derecho”. Para la coordinadora de Políticas Sociales del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no hay mayores cuestionamientos para hacerle a la dictadura chavista porque considera que Nicolás Maduro “ha sido elegido democráticamente”.
“En Venezuela hay Estado de Derecho porque el presidente ha sido elegido democráticamente. Sí señor”, le dijo la posible candidata del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires —en las próximas elecciones— a un Luis Novaresio, que buscaba darle algo de contenido a una entrevista con una interlocutora que, más allá de su superficial autoritarismo, reflejaba una ignorancia total. Es que así es la mayoría de los dirigentes kirchneristas: de un pobre, muy pobre…pobrísimo capital intelectual.
Lo primero que uno percibe al ver el intercambio es que, más allá de las diferencias que uno pueda tener con Tolosa Paz, se notaba que la funcionaria kirchnerista no tenía mucha idea de lo que “Estado de Derecho” significa. Lo más probable es que ella, como la mayor parte de la alta plana oficialista, repruebe un examen básico de educación cívica de primer año del secundario. No comprenden ni siquiera los significados básicos de la democracia, de la república y el Estado de Derecho.
Pero más allá de la ignorancia de afirmar que un presidente electo mediante el voto es sinónimo de republicanismo, institucionalidad y Estado de Derecho —ya que un gobierno que haya accedido al poder democráticamente puede vulnerar derechos humanos y las garantías constitucionales, para eso existe la división de poderes y los mecanismos de juicio político—, afirmar que Maduro “ganó” las elecciones es mentiroso e hipócrita.
Un Poder Ejecutivo que se adueña de los mecanismos de control electoral, mientras que proscribe y persigue a la oposición, y utiliza opositores “a medida”, que para lo único que sirven es para brindar falsa legitimidad no tiene nada de “democrático”. Pero el kirchnerismo ya demostró que, como en el caso de Nicaragua, cuando las dictaduras afines quedan en evidencia, la excusa fue, es y será la “no intervención” en los asuntos externos. Pero cuando los mecanismos institucionales y constitucionales de los países funcionan, si se deroga legalmente el mandato de un presidente amigo, a pesar de la legitimidad de los procesos, a la izquierda latinoamericana no le tiembla el pulso para gritar: “Golpe de Estado” o “dictadura”. Esto ya ocurrió en Honduras, Paraguay y Brasil.