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No parecía estar en condiciones físicas como para una presentación ante los medios. Mucho menos en el marco de una visita oficial a otro país. Le costaba hablar, sonaba como medicado, equivocaba las palabras y se le percibía tan abatido como agotado. El contenido, el tono, el estilo y el ímpetu de su mensaje parecía no tener nada que ver con lo que Fernández nos tiene acostumbrados.
El escándalo del “vacunatorio VIP” dejó al verborrágico y apabullante Alberto hecho una sombra. Una mueca de sí mismo. Es el presidente y tiene tres años de mandato por delante. Que ningún opositor ni crítico se confunda…no hay nada que festejar en todo esto.
Ante la predecible pregunta sobre lo sucedido en el ministerio de Salud, antes de cualquier autocrítica, el presidente argentino mostró su lado más kirchnerista, del que a veces pretende renegar. Les echó la culpa a los medios, a la justicia y a la oposición. Como si tuviese algo que ver, recordó que la prensa y varios dirigentes opositores desconfiaron de la Sputnik V.
Aseguró que por esa razón él recibió la vacuna, pero nadie lo cuestiona por haberse inoculado. Nada dijo de Horacio Verbitsky ni de los funcionarios de 30 años que recibieron las dosis. Solamente resaltó que odia los privilegios y que ocurrió un hecho “lo suficientemente grave” como para pedirle la renuncia a un ministro. Pero dejó en claro que, para él, la cosa se tiene que terminar acá. “Terminemos con la payasada. Yo les pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben”, manifestó.
Pero más allá del estado en que se presentó, y la actitud que tuvo ante la problemática en cuestión, lo que puede traer cola fue una frase que ya analizan los especialistas en derecho. El presidente argentino, para minimizar la cuestión y limitarla a un problema moral, aseguró: “No hay ningún tipo penal en Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila”.
El caso de Verbitsky y de varios de los “vacunados VIP” no es justamente el de un “colado” en la lista de espera. Decir “a otro que se adelantó en la fila” indicaría que la responsabilidad es exclusiva de un supuesto tramposo, como el que se adelanta en la fila del supermercado. Los que recibieron la vacuna por amistades y contactos políticos, la hayan pedido o se la hayan ofrecido, sí son los culpables “morales”, por llamarlo de alguna manera. La responsabilidad política, y seguramente penal, recae en el funcionario público que se prestó o fomentó la acción.
Por estas horas, varios especialistas en derecho penal estudian algunas de las figuras que serían compatibles con el fraude que sacude la política nacional. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación podrían ser solamente parte de ellas.
Lo indignante es que hasta sería discutible la aplicación del mismo artículo 205 del Código Penal, que el mismo Gobierno utilizó para encerrar al país, violar libertades individuales y someter a la quiebra a miles de comercios en todas las provincias.
“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, señala el artículo. Establecido el protocolo de vacunación, las “autoridades competentes” señalaron el orden prioritario, negándole las dosis a las personas que no están estipuladas como de riesgo y haciendo esperar a las que sí, ya que todavía no cuentan con stock disponible para aplicar a los urgentes.
¿No es una violación de “las medidas adoptadas” aplicarle la vacuna a un amigo del exministro o hacer pasar por “personal de salud” a funcionarios como Carlos Zannini para poder recibirla? El profesor de derecho de la Casa Rosada, que mandó a multar y a detener a ciudadanos por el solo hecho de salir de su casa, y que mandó a clausurar, así como a la quiebra a los comercios que necesitaban trabajar desesperadamente dice que no.
Raro… ¿No?
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