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Nadie puede mostrarse sorprendido. Pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que pasó siempre. La implementación de una nueva ley que pretende regular los contratos de los alquileres en Argentina, generó el efecto opuesto al que buscaban los legisladores irresponsables que les dan la espalda a los conocimientos básicos de economía y a la historia.
Esta mañana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante información oficial (por lo que la realidad tranquilamente podría ser peor) confirmó el incremento de los precios, que supera al promedio de la inflación. En el cuarto trimestre del año pasado, se registró un incremento del 53,8 % para los monoambientes. Los departamentos de dos o tres ambientes registraron una suba más alta: 63,7 %. Los datos fueron confirmados por la Dirección General de Estadística y Censos, que advirtió las “importantes aceleraciones que se suman a las registradas entre julio y septiembre, enmarcándose en un contexto en plena vigencia de la nueva ley de alquileres.
El sondeo, además dejó en evidencia que algunos barrios de clase media fueron los más afectados. Villa Urquiza registró un 64,5 % de incremento, Caballito un 60,5 % y Almagro 57,3 %. Como ocurre con cada proceso inflacionario y cada delirio regulatorio que pretende “controlarlo”, las personas de mayores ingresos son las que menos sufren el impacto. Los barrios más “acomodados” de la ciudad, como Retiro, Núñez y Recoleta tuvieron las subas más bajas registradas, con aumentos que fueron del 37 al 44 %.
Más leña al fuego
Si algo le faltaba a este panorama desolador es la AFIP controlando la totalidad de los contratos de alquiler. Es que a la lucidez de los legisladores argentinos, que no hacen otra cosa que joderle la vida a la gente, ahora se suma la vampiresa Administración Federal de Ingresos Públicos, a la que habrá que presentarle de forma individual cada contrato firmado.
Con la Resolución General 4933, ya publicada en el Boletín Oficial, hay tiempo hasta el 16 de abril para registrar ante el fisco todos los contratos. Según la normativa “aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la operación”.
El resultado de toda esta locura será el incremento de la informalidad. Lo único que se puede esperar es una retracción fuerte de la oferta en el mercado formal. Si un argentino necesita alquilar deberá tener la fortuna de algún conocido o recomendado, que le ceda la propiedad “en negro”. Ya pasó demasiadas veces como para que algo de todo esto genere alguna sorpresa.
Es más, podemos anticipar el próximo capítulo de la historia: ante la previsible proliferación de departamentos vacíos, la delirante banca legislativa kirchnerista propondrá un “impuesto a la vivienda ociosa”, para forzar a la gente a alquilar los departamentos. Son de manual, los populistas hacen siempre lo mismo.
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