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Empresas vinculadas al sector alimentario como Mastellone, Fargo, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Paladini y Molinos Río de la Plata, entre otras, fueron “imputadas” por la Secretaría de Comercio Interior. La medida la ejecutó la “Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores”, nombre curioso para la iniciativa, ya que los que nos quedaremos sin productos somos nosotros… los consumidores.
“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, comunicó el “Ministerio de Desarrollo Productivo”. Es decir, se las “imputa” por no fabricar a pérdida, ya que los precios de góndola serán establecidos por las autoridades, que no hacen otra cosa que incrementar las causas que generan la inflación.
Luego que los inspectores corroboraran durante las “fiscalizaciones” que faltaban algunos productos de consumo masivo en los supermercados, comenzó el trámite administrativo que ya se notificó a las empresas antes mencionadas. Aunque la mentira del “Precios Cuidados” sobrevivió al primer kirchnerismo y continuó durante el macrismo, por primera vez en muchos años el Gobierno argentino se estaría tomando en serio el camino fracasado del control de precios. Como ocurrió en los últimos cuatro mil años de historia de la humanidad, el último capítulo de esta película es el desabastecimiento. Los funcionarios argentinos, si desconocen por completo la historia y las leyes económicas básicas, deberían verse en el espejo venezolano. Esta semana se supo que la dictadura de Nicolás Maduro comenzó a otorgarles comercios y empresas a operadores privados, para que produzcan y compartan ganancias con el gobierno, luego del fracaso total de la gestión pública. Todos esos negocios habían sido expropiados y nacionalizados luego de los “incumplimientos” a los precios regulados. ¿A eso nos piensan llevar?
“Guerra al agio”: el salvaje antecedente del primer peronismo
En la primera mitad de la década del cincuenta (Perón fue derrocado en 1955) el gobierno incrementó el autoritarismo y fomentó una irresponsable campaña de argentinos contra argentinos. Desde el Poder Ejecutivo, el fundador del justicialismo les manifestó a los ciudadanos que ellos eran los responsables de cuidar el valor del salario. De esa manera, fomentó las denuncias ciudadanas, que terminaron en miles de clausuras a comercios de todo el país. “El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos”, dijo Juan Domingo Perón en la Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953.
No hace falta que Alberto Fernández diga que va a colgar a los comerciantes. El contexto ya es demasiado parecido al de entonces: irresponsabilidad económica, populismo, militantes controlando precios, con multas y clausuras a los que no se adaptan a las ilógicas e injustas normativas oficiales. Claro que los resultados serán los mismos de siempre.
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