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Antes que las críticas de los defensores del oficialismo se oigan en las redes sociales aclaramos: no estamos diciendo que el Proceso de Reorganización Nacional sea comparable al Gobierno argentino. Pero, lamentablemente, podemos argumentar dos cosas claras: que es lo más cercano que se ha visto desde el retorno a la democracia por su desprecio absoluto a la libertad y dignidad humana y que el comportamiento de la actual gestión, y su complicidad con lo que ocurre en Formosa, es absolutamente incompatible con la vida democrática y republicana.
Esta aclaración, aunque suene redundante y básica, es necesaria para desarmar el pobre argumento que se presenta desde el Poder Ejecutivo para justificar al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Luego de las denuncias sobre las evidentes violaciones a las libertades básicas en los “centros de aislamiento”, que en realidad son una especie de centros de detención, el secretario de Derechos Humanos, que tuvo que visitar la provincia a regañadientes, hizo una bochornosa presentación ante la prensa.
En el mano a mano con los periodistas, el funcionario nacional que responde al Gobierno, dijo que “de ninguna manera hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos” y que no ocurre como en la época de la dictadura donde grupos de tareas secuestraban y fusilaban a las personas. Es que nadie denunció que eso ocurriera. Lo que se advirtió desde la oposición y diversas organizaciones es que las personas infectadas, o simplemente sospechosas de tener COVID-19, eran puestas en centros de hacinamiento en contra de su voluntad en situación de abandono, y que no eran liberadas hasta obtener cinco hisopados negativos. Es decir, la persona que tenía que velar por los derechos humanos de los formoseños, hizo caso omiso (por no decir que se hizo el boludo) por cuestiones políticas y argumentó desde la vieja y conocida falacia del hombre de paja.
“No necesitamos que nos digan”
Pero si algo faltaba para mostrar una analogía conceptual con lo ocurrido en los setenta, es la actitud ante los organismos internacionales y del exterior que toman nota sobre lo que podría ser una situación de violación a los derechos humanos. Para los militares existía una “campaña antiargentina” que buscaba desprestigiar a la gestión que estaba solucionando los problemas que atravesaba el país. Hoy, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tiene una actitud similar ante las consultas de Amnistía Internacional, que mostró preocupación sobre el inaceptable caso de Formosa.
“No necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Nosotros somos hijos de las madres y de las abuelas, así que a nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos”, dijo desde la más impune soberbia Cafiero.
Si el jefe de Gabinete no quiere recibir cuestionamientos sobre las evidentes violaciones a las libertades básicas, que ponga realmente la causa de los derechos humanos sobre los intereses de su espacio político. Porque con el cuento de las “madres y las abuelas”, lejos de mostrarse como algo diferente al autoritarismo, lo único que hacen es confirmar las similitudes con los procesos autoritarios del pasado.
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