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Una vez más queda en evidencia que para la izquierda la causa de los derechos humanos no importa absolutamente nada. Pero esto no es nuevo. El desprecio del socialismo por la democracia, las instituciones republicanas y las libertades básicas es histórico, tanto en Argentina como el resto del mundo.
Al secretario de Derechos Humanos de Alberto y Cristina Fernández, las violaciones a la dignidad y la libertad de las personas le resultan absolutamente irrelevantes. Lo mismo que a sus padres.
Aunque el apellido Pietragalla Corti y Formosa estén en el debate hoy, por el mamarracho que resultó la visita e inspección de Horacio, el funcionario que debería velar por los derechos humanos, lo cierto es que el nombre familiar y la provincia tienen una historia importante. El 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno peronista, Horacio Pietragalla y Liliana Corti comandaron un operativo montonero a un cuartel provincial, donde perdieron la vida un subteniente, un policía y diez de los soldados más pobres de Formosa, que no contaban con los recursos para tomarse el franco (libre) aquel domingo.
El operativo de la guerrilla fracasó, ya que los conscriptos dieron un combate tan valiente como inesperado. Del lado de los montoneros se sufrieron 12 bajas antes de la retirada. Escondidos y en la clandestinidad, Horacio padre y Liliana perdieron la vida ya durante el Gobierno militar. Él es uno de los tantos detenidos desaparecidos y ella murió en un enfrentamiento. Tenían un niño que fue robado y luego recuperado por las Madres de Plaza de Mayo en 2003. Fue “bautizado” con el nombre del padre y ambos apellidos: Horacio Pietragalla Corti. Su historia lo hizo heredero de algo más: del desprecio por la vida y la libertad de los que están supuestamente del lado de enfrente.
Con la identidad recuperada llegó la militancia kirchnerista, los puestos en el Estado y las denuncias por enriquecimiento ilícito. De la mano de la llegada del Frente de Todos, Horacio Pietragalla desembarcó en la secretaría de Derechos Humanos, por lo que tuvo que ir a la provincia de Formosa, luego de las denuncias sobre los hechos aberrantes en el marco de la pandemia y la cuarentena del COVID-19.
Tras la recorrida de rigor y los encuentros con las autoridades, el secretario de Derechos Humanos se presentó ante la prensa, y, en una conferencia bochornosa, se dedicó a defender a capa y espada al gobernador Gildo Insfrán. Lejos del mínimo disimulo, el funcionario lo llamó en su exposición simplemente por su nombre de pila: “Gildo”. Una pantomima vergonzosa, que hasta podía haber sido más cuidada, si Pietragalla podía contenerse y esconder su enojo ante las preguntas punzantes de los periodistas.
Se dedicó a repetir como un lorito que en Formosa no hay “violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos”, ni “centros de detenciones clandestinos”. Sus argumentos fueron más que pobres: dijo que los lugares de aislamiento no eran clandestinos y que los oficiales formoseños no llegaban en medio de la noche y mataban a la gente como hacía la dictadura militar. Claro que nadie dijo que existían grupos de tareas paraestatales que secuestraban a la gente y la hacían desaparecer en centros clandestinos. Las denuncias señalaban otras situaciones, que no dejan de ser graves e inaceptables para cualquier democracia del mundo. Los reclamos que tuvo que recibir el funcionario kirchnerista se relacionan con detenciones arbitrarias a pacientes con COVID-19 y casos sospechosos, con centros de aislamiento en condiciones de hacinamiento, con violaciones a la libertad y condiciones de insalubridad. Nadie habló de centros clandestinos ni de fusilamientos y fosas comunes. Por lo que las explicaciones del secretario resultaron una seguidilla de falacias e incongruencias.
Al menos los ojos del país se posaron en la provincia de Formosa, por lo que las cosas deberán cambiar de ahora en adelante. Será por presión de la ciudadanía, porque es claro que del Gobierno nacional y sus funcionarios ideologizados, no se puede esperar absolutamente nada.
