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Si hay algo absolutamente desconectado en la República Argentina es el resultado de las fallidas políticas públicas y las consecuencias (que no sufre) la burocracia irresponsable. La impunidad persiste mano a mano con la ignorancia absoluta en materia económica.
Mientras no hay ninguna intención de reducir el déficit fiscal, y se sigue acudiendo a la emisión monetaria para cubrir el rojo, el sector privado sobrevive como puede a la presión impositiva descomunal y la inflación imposible que sufre el país. Lejos de buscar una reforma que permita sanear la moneda, y terminar con la constante depreciación del peso que se traduce en aumentos constantes, el gobierno insiste con los controles y “acuerdos” para “congelar los precios”.
Parece que poco importó el desastre reciente que hizo un legislador macrista, que impulsó una ley para fijar el precio de los alquileres. El mercado reaccionó como era inevitable, la plaza formal se secó, se multiplicaron los contratos informales, y los que más necesitaban acceder a una vivienda fueron los principales perjudicados. El resultado contraproducente (pero absolutamente predecible), en Argentina fue bautizado como “efecto Lipovetzky”, en honor al legislador que impulsó la iniciativa. Así se dice desde hace un tiempo cuando uno realiza una acción en búsqueda de un objetivo, pero consigue todo lo contrario.
Lejos de aprender la lección, el oficialismo ahora pretende ampliar el fracasado programa de los “Precios Cuidados” a los cortes de carne vacuna. Por estos días, las góndolas de las carnicerías están abastecidas, pero los precios están cada vez más prohibitivos. Durante el último año, los aumentos alcanzaron el 90 %, por lo que el Ministerio de Agricultura decidió meter mano.
“Lo único que sabemos es que nos van a convocar en cualquier momento. No hubo reuniones así que no tenemos ninguna precisión”, reconoció a la prensa Mario Revettino, referente del sector cárnico.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, ya reconoció que el programa para regular varios cortes ya está en marcha: “Estamos trabajando en forma permanente todos, articulando con los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo, porque es un problema complejo y con inteligencia tenemos que dar instrumentos de mediano y largo plazo”.
Para el funcionario, la iniciativa tiene como finalidad “generar accesibilidad de la población para el consumo de carne bovina”. Lo cierto es que el resultado será completamente distinto.
Lo mejor que puede pasar, es que el Gobierno sea consciente de la inutilidad y peligrosidad de la iniciativa, y se limite a pequeñas partidas, que desaparecerán de las góndolas. De esta manera, el problema se limitará a la mentira en el índice de inflación (que seguramente relevará el precio regulado) y a discusiones eventuales entre clientes y carniceros, o empleados de supermercados, al no encontrar los productos al “precio oficial”.
Si las autoridades se toman en serio esta joda, los argentinos eventualmente tendremos que ir a Uruguay, Paraguay o Brasil si queremos comer un pedazo de carne decente. Eso sí que sería un duro golpe a la autoestima grande (e injustificada) que tenemos.
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