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Los distritos más poblados en Argentina vuelven a hacer un intento de apertura y los comercios de cercanía declarados “no esenciales” de a poco irán abriendo sus puertas. Los primeros afortunados que recibieron el aval para salir a trabajar este fin de semana fueron, entre otros, los peluqueros, los dueños de los lavaderos de autos, los puestos de centros comerciales a cielo abierto, los locales de indumentaria y calzado y los paseadores de perros. Los teatros y centros de espectáculos volverán a ser habilitados para utilizar instalaciones y escenarios, pero para trabajar con transmisiones por internet, sin público presencial.
Mucho se habla en Argentina de la “nueva normalidad” para hacer referencia al proceso que comienza en el mundo pospandemia. Es cierto que se vienen cambios importantes y algunos necesarios. La innovación en el mercado laboral y los cuidados de salubridad, como la preparación para posibles nuevas pandemias o epidemias serán parte de la agenda. Pero en nuestro país hay una amenaza que tiene que ser discutida en el marco de esta “nueva normalidad” que los políticos tanto mencionan.
Si hay algo que no tiene que ser aceptado bajo ningún punto de vista es la inversión de un principio fundamental plasmado en la Constitución: la idea de que todo lo que no está formalmente prohibido está permitido por default.
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, dice la Constitución argentina en su artículo 19, uno de los más importantes. El 14, donde se defiende la libertad “de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”, también tiene que estar muy presente en todos nosotros ahora más que nunca.
Lamentablemente, si algo define esta “nueva normalidad”, que de a poco tristemente se impone más allá de la cuestión médica o de salubridad, es la inversión de estos principios constitucionales que deberían ser indiscutibles. Según la administración argentina, que en el Ejecutivo nacional tiene al peronismo, pero que en varios gobiernos locales hay oposición (y se comportan exactamente igual) parece que ahora lo único que está permitido es lo que se avala formalmente desde el poder político. Si no se menciona concretamente y no se da el ok de manera explícita, resulta que está prohibido.
Desde el retorno a la democracia en 1983 que las libertades individuales no han sido puestas en jaque de esta manera y el problema es que el autoritarismo no se limita a un partido o a una facción política determinada. Si se compara al intendente porteño, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, con el gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, uno no encuentra diferencias. Fueron el jefe de Gobierno y su vicepresidente los que confirmaron en las últimas horas operativos especiales para perseguir reuniones por el día del amigo y la suspensión del permiso de conducir para todo aquel que saque su auto a la calle sin permiso. ¿Esto propone el antikirchnerismo para el país?
La clase política argentina va por todo y no es momento para acatar sin reparos. Lamentablemente es hora de cuestionar toda normativa inconstitucional, inmoral e ilegítima. No para manifestar o dejar en evidencia un comportamiento rebelde o adolescente, sino para darle una clara señal a los dirigentes de lo que la gente acepta y no. No es momento para quedarse callado. Está en juego nuestra libertad y no podemos aceptar que se nos la administre a cuentagotas.
