Con la cuarentena extendida y el colapso del sector privado en Argentina, las voces conspiranoicas suenan cada vez menos delirantes. El Gobierno insiste en incrementar la velocidad del Titanic hacia el iceberg y la frase “quieren fundir las empresas para quedarse con todo”, de a poco deja de ser patrimonio de los analistas más desconfiados.
Una noticia publicada hoy, que para los medios argentinos fue digna de mencionarla en soledad, confirma la arbitrariedad absoluta del Estado argentino y su maltrato hacia las empresas privadas. Hoy leímos en los medios que la estatal Aerolíneas Argentinas (AA) pagará a sus empleados la mitad del sueldo de junio. “Cuando sea posible”, la aerolínea de bandera volverá a depositar el 100 % del salario de sus trabajadores.
“Estamos realizando un esfuerzo enorme para sostener las fuentes de trabajo y conservar operativamente nuestros aviones, lo que implica gastos en repuestos y diferentes servicios de mantenimiento”, aseguraron desde AA, que ya era deficitaria cuando podía ofrecer vuelos comerciales.
La situación parece lógica, pero si conectamos la noticia con dos sucesos recientes, todo se torna absolutamente indignante. El pasado 17 de junio se confirmó que Latam finalizaba sus operaciones en Argentina, pero este suceso tiene vinculación directa con una noticia de unas semanas antes: el 26 de mayo se confirmó que el Ministerio de Trabajo intimó a la empresa a abonar la totalidad de los sueldos a los empleados.
Latam, sin ingresos como ahora AA, había depositado el 50 % de los salarios a los trabajadores y esperaba llegar a una negociación con los sindicatos y el Estado argentino para sobrellevar la crisis del coronavirus. Las autoridades locales fueron absolutamente intransigentes y la empresa, que cumplió con la obligación, finalmente decidió irse por completo del país.
La cartera de Trabajo, que le dio 72 horas a Latam para pagar la totalidad de los haberes, todavía no dijo absolutamente nada con respecto a Aerolíneas, que avisó unilateralmente que no cumplirá con sus obligaciones. El doble standard es evidente, pero lo cierto es que la impunidad total permite dudar, ya no de una gestión injusta, sino de una persecusión económica evidente.
Para los medios argentinos, lamentablemente, detrás de estas historias hay tres noticias independientes. Ojalá que mucha gente haya hecho la relación que hacemos desde estas columnas.