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«La velocidad de contagio es la más alta y deberíamos volver a la cuarentena absoluta». Las palabras de esta mañana del presidente argentino, Alberto Fernández, cumplieron su cometido. Llegaron a los titulares de todos los portales online y pudieron tapar un poco el daño colateral del proceso de expropiación de la empresa Vicentin. Aunque el mandatario solamente habló de supuestos y no confirmó ningún retroceso en el proceso gradual de apertura, hubo que recurrir al COVID-19 para redirigir una agenda que se tornaba complicada.
En la jornada de ayer se registraron numerosas manifestaciones en contra de la medida oficial de expropiación de Vicentin y el panorama comenzó a ponerse sombrío para el oficialismo. Evidentemente, en el interior del país hubo espacio para otra preocupación además del coronavirus y la gente salió a protestar en gran número. La provincia de Santa Fe fue testigo de una multitudinaria demostración y hasta echaron al funcionario designado por el Poder Ejecutivo, que no pudo realizar el trabajo que se le había encomendado.
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Ante semejantes reacciones espontáneas, varios analistas comenzaron a preguntarse si Alberto Fernández no se había comprado su «125», en relación a denominada «crisis del campo», que le dio un duro revés legislativo a Cristina Kirchner en 2008.
Pero las críticas no se limitaron a la opinión pública y a la oposición. Dentro del mismo peronismo se alzaron varias voces importantes en contra del proceso de estatización de la gran empresa del sector agroindustrial alimenticio. La más voz más moderada, y la que seguramente más le dolió a Fernández, fue la del exministro de Economía Roberto Lavagna. El veterano dirigente aseguró que en el pasado se fracasó cuando se recurrió a nacionalizaciones en nombre de la soberanía y recordó el caso de YPF, que le terminó costando una fortuna en las cortes internacionales al Estado argentino. «Espero que se haya aprendido la lección», advirtió Lavagna. Fernández no contestó.
Al que sí le contestó el presidente argentino fue al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. El hombre que intervino el INDEC en el primer kirchnerismo indicó que Fernández se apresuró en tomar «una medida extrema». Alberto recogió el guante, e hizo referencia a otros: al escándalo en la asamblea de Clarín. «Celebro que se preocupe por la legalidad y no entre a una asamblea con los guantes de box». La referencia fue al episodio ocurrido en 2010, cuando Cristina fomentaba la Ley de Medios y Moreno acosaba a los accionistas de la empresa.
Ahora el Ejecutivo debe mandar la ley de expropiación al Congreso para que la discutan los legisladores, pero el proceso parece que resultará más costoso de lo que el Gobierno pensaba. El intendente de Avellaneda (Santa Fe), Diniosio Scarpin, dijo en las movilizaciones de ayer que lo que pretende hacer el presidente «es un robo».
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