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Otra vez la grieta no puede comprender lo que pasa en Argentina y contribuye a la desinformación y a la confusión general. De un lado aseguran que el Estado Nacional se debe hacer cargo de una gran empresa, supliendo las falencias del capitalismo fracasado, con la finalidad de salvar puestos de trabajo y contribuir a la “soberanía alimenticia”. Del otro lado la acusación es clara, pero también corta e infantil: “Ya somos Cuba”, “nos llevan a Venezuela”, “Alberto es Hugo Chávez” y “se viene el exprópiese por la calle”.
Esta tarde, el presidente argentino anunció en conferencia que enviará un proyecto de ley al Congreso con la finalidad de “intervenir” y expropiar la empresa vinculada al sector agropecuario y alimentario Vicentin. Fernández aseguró que ante la crisis y el concurso de acreedores, el Estado decidió tomar la posta y dirigir los destinos de una empresa muy importante, con una tesis ya conocida en otros países del mundo: la del “too big to fail” (demasiado grande para fallar).
Más allá de los delirios del presidente y compañía, que prometieron una empresa estatal “eficiente” (no sé con qué cara), algo que lógicamente no sucederá, hay algunas cosas importantes para advertir alrededor de esta noticia. Aunque la oposición criticó la medida, la que consideró como una violación a la propiedad privada, muy peligrosa, sobre todo en momentos de necesidad de confianza en la negociación de la deuda en default, lo que el macrismo debería explicar es otra cosa. ¿Por qué el Banco Nación le otorgó tantos créditos subsidiados y prestamos de dudoso retorno a una empresa que para muchos ya estaba siendo vaciada? ¿Con qué criterio se utilizaron los recursos de los contribuyentes argentinos para “ayudar” a Vicentin durante los años del Gobierno anterior? Diferentes investigaciones indican que la empresa, que ahora pretende expropiarse, recibió de las arcas estatales casi mil millones de dólares. ¿Será por eso que entre los que reclaman por la estatización no están los dueños? El analista de mercados financieros Carlos Maslatón aseguró que hicieron el negocio de sus vidas y ahora están brindando con “Dom Pérignon Rose Gold Methuselah de 50 mil dólares la botella”.
Si el Gobierno tenía algo que anunciar con respecto a Vicentin, eso era la investigación a los titulares (próximos extitulares si se aprueba la expropiación) y a los funcionarios públicos que brindaron los créditos y préstamos del banco oficial. Aunque el peronismo hace referencia a estas graves irregularidades, lo cierto es que probablemente todo quede en la nada. Hay intereses de ambos lados para que así sea. Lo que buscan en el Gobierno es otra cosa: comenzar a intervenir más seriamente en el comercio de granos y exportaciones agropecuarias, lo que también significa un importante control de divisas. Ahí la finalidad de “la empresa testigo”. ¿Qué tiene que hacer el Estado argentino interviniendo en una compañía que tiene hasta bodegas en Mendoza? La única respuesta lógica es absolutamente nada.
Detrás de esta iniciativa, preocupante por cierto, hay que poner la lupa en otras cuestiones. El macrismo buscará asociar al oficialismo con el chavismo y Fernández dirá que fue una intervención para salvar un gran número de puestos de trabajo. La oposición debería hacerse cargo del defalco “público-privado” de la gestión anterior y el Gobierno tendría que estar señalado por lo que busca: incrementar la presencia e intervención en el sector más productivo del país. No lo hacen de comunistas, lo hacen de ladrones.
