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«Volver a la normalidad es un sueño, una fantasía o un suicidio colectivo», aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mientras que cada vez son más las voces contrarias a la continuidad de la cuarentena y se piden modelos más abiertos, desde el oficialismo insisten en que no es momento de ninguna apertura.
En realidad, incluso en los distritos urbanos más grandes, la cuarentena formal terminó en lo social. Mucha gente perdió el miedo y, con los recaudos necesarios, ya se animan a visitar a los amigos, parientes o parejas. Donde no hay novedad es en los comercios. Violar la normativa vigente es sinónimo de multas y problemas. Las personas pueden agarrar una bolsa de supermercado y salir a la calle para almorzar o cenar con sus afectos, pero no pueden abrir sus negocios. El poder policial se relajó en el ámbito social y decidió no reprimir lo imposible, pero se mantiene firme en relación con el sector del trabajo.
Para el referente liberal de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Castello, hay cuestiones ideológicas detrás de las políticas del neoperonismo kirchnerista. En la opinión del exdiputado provincial, Kicillof «es un comunista que no cree en la actividad privada».
En diálogo con PanAm Post, Castello manifestó que, además de los desvaríos ideológicos del gobernador provincial, hay una ignorancia técnica importante. Una de las cosas que más alarma al exlegislador en este sentido es la idea de que el Estado podrá seguir financiándose con emisión, mientras se le cae la recaudación por la falta de actividad privada:
Estos tipos no creen en el capitalismo abierto y competitivo. Tienen la idea de que el Estado asigna mejor los recursos que los individuos y entonces, ante cualquier problema, apelan a la misma receta. Parecen no percibir en absoluto que el Estado argentino está completamente quebrado, es caro, incompetente y corrupto.
¿Plan deliberado?
Para Castello nada de lo que pasa en el plano nacional y provincial tiene que ver con una improvisación o una falta de programa económico. Todo lo contrario. Asegura que existe un «plan perverso» y que la idea es quedarse con las empresas fundidas:
«El perverso modelo K para las empresas es muy claro. Primero las mata a impuestos, después les prohíbe abrirlas y luego les saca los consumidores de la calle. Cuando la situación es insostenible les impide los despidos y por último los ayuda con un subsidio para que el Estado se quede con la empresa. Nos quieren pobres, miserables y comiendo en merenderos», advirtió.
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