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Guillermo Castello se metió de lleno en la política argentina de la mano de Ricardo López Murphy en la época de Recrear. Sin embargo, pudo llegar a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires años después, en el marco de la coalición Cambiemos. Su ingreso fue mediante la pata de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, pero apenas se sentó en su banca se convirtió en un dolor de cabeza para el macrismo.
Sus críticas conceptuales, que iban por igual hacia su propio espacio como hacia el kirchnerismo, fueron demasiado para el republicanismo light que propuso Cambiemos. Así, durante su mandato, se convirtió en una especie de «paria liberal» díscolo, incómodo para su bloque amarillo, que en más de una oportunidad funcionó con un verticalismo peronista total. Discutió con su espacio por los impuestos, fue la única voz que se enfrentó a la mafia de los taxis en el conflicto con Uber y hasta fue el único legislador de la Cámara que se opuso a la obligatoriedad de los «30 000 desaparecidos«.
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Por estos días, ante la liberación masiva de los presos en su distrito, Castello volvió a llamar la atención de los medios y denunció un plan orquestado por el oficialismo para abrir las cárceles. En diálogo exclusivo con PanAm Post, el referente liberal bonaerense aseguró que el Gobierno nacional abusa de los decretos y utiliza la pandemia como una «excusa» para llevarse puestas a las instituciones, mientras que la oposición parlamentaria y la justicia «se esconden debajo de la cama»:
El peronismo tiene una larga tradición en abrir las cárceles y liberar masivamente a los delincuentes. Esto, que no es nuevo, ya lo hizo Cámpora en 1973. Pero también existieron los indultos de Menem en la década del noventa, y ahora la dupla Fernández-Kicillof continúa transitando el mismo sendero de impunidad para todos.
Para Castello lo que está en marcha es «un plan organizado para reducir la población carcelaria, con la participación de los ministerios de Seguridad y de Justicia», motorizado en las cárceles por lo que consideró la «infame» Comisión Provincial por la Memoria. Esta dependencia se trata de un ente que recibe su financiamiento del Estado, pero que teóricamente funciona como autónoma. Castello quiso terminar con el grupo de lobby que se dedica a fomentar las excarcelaciones, pero no fue acompañado por el resto de los diputados.
«El plan funcionaba como un reloj. Hasta que la gente se enteró de que la liberación incluía asesinos, violadores y secuestradores que, sin ningún tipo de control, ni cumplimiento de requisitos, ni tobilleras, sin haber escuchado a las víctimas o a sus familiares, eran enviados a sus casas bajo el supuesto cuidado y responsabilidad de sus familias. Así fue como explotaron las quejas en los medios y redes sociales», indicó. Cabe recordar que la noche de este jueves 30 de abril, a las 20 horas, una hora antes del aplauso tradicional dedicado a los médicos argentinos, tendrá lugar un cacerolazo para protestar por este tema.
¿Tema del Ejecutivo o del Judicial?
Por estas horas, Alberto Fernández asegura que la liberación de los presos es una cuestión que le excede, ya que es una atribución de la justicia. Pero para Castello existe una «Operación Impunidad» de la que el Ejecutivo es parte:
La gente ya se dio cuenta que no había razones sanitarias, sino cuestiones ideológicas y favores políticos. Esto empezó con la farsa de la liberación de Boudou y siguió con Jaime. Ahora, Alberto se da cuenta del costo político que está pagando y responsabiliza al Poder Judicial, pero esto no es más que un relato. Son sus propios funcionarios los que están motorizando todo esto.
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