
El Gobierno de Alberto Fernández enfrenta grandes problemas económicos. Los principales y más urgentes están relacionados con la deuda externa y sus vencimientos más inmediatos (el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados, donde está la negociación más complicada). La contracara que dificulta la situación en el ámbito local es el continuado y eterno déficit fiscal.
Desde Presidencia de la Nación ya se confirmó que la gestión está aplicando un “ajuste“. Que las autoridades locales utilicen este término indica que el panorama es más que evidente e innegable. Las primeras víctimas han sido los pensionados. En este sentido, el Gobierno señaló que los nuevos cálculos tendrán como principio la “solidaridad”. En otras palabras, con la excusa de aumentar las retribuciones mínimas (lógicamente, sin llegar siquiera a igualar a la inflación), las jubilaciones medias y altas se verán considerablemente reducidas.
Los “nuevos” perjudicados que seguirán pagando los platos rotos son los sectores productivos vinculados a la agricultura. La Ley de Emergencia Económica que promueve el oficialismo incluye, entre otras medidas, el aumento de las retenciones del 30 % al 33 %. Ya afectados por el control de cambios, el “dólar solidario” y por la baja en el precio internacional de la soja, el campo está en una situación delicada.
En este sentido, se vienen llevando a cabo reuniones con el objeto de evaluar diversos planes de acción para confrontar con el Gobierno nacional. A pesar de las negociaciones que se prevén con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, lo cierto es la dificultad de resolución del conflicto. La lucha entre el campo y el kirchnerismo no es nueva y escribió una de las páginas históricas del proceso político 2003-2015. En aquella oportunidad ganó el sector agropecuario y, según dicen, fue Néstor Kirchner el que convenció a Cristina Fernández de no renunciar. El resultado adverso en el Senado, con el voto en contra del mismo vicepresidente, Julio Cobos, significó un duro cachetazo para la expresidente y actual vicepresidente. Hoy la guerra puede reeditarse, pero el final es incierto.
En efecto, el campo amenaza, como efectivamente lo hizo en 2008, con paros, cese de comercialización y presencias en las rutas. “Llegó el momento de repensar estas decisiones impositivas porque el campo no da más. Estamos conteniendo al productor para evitar protestas más profundas”, afirmó Jorge Chemes, actual titular de las Confederaciones Rurales Argentinas. Para el dirigente, en caso de que estas decisiones se confirmen, “lamentablemente”, los productores se irán organizando para buscar las formas de “manifestarse”.
Desde el Gobierno nacional confían en que se pueda llegar a un acuerdo para evitar el mismo escenario de 2008 que prácticamente partió a la sociedad argentina y le significó una importante derrota al peronismo: “Aquella fue una crisis que tenía otros condimentos, ahora hay un trabajo más pormenorizado sobre la cadena agropecuaria. Existe una mirada con mucho más detalle. Tenemos que aprender que esa pelea no le sirvió ni al campo ni al gobierno. No la podemos repetir”, indicó Santiago Cafiero, jefe de Gabinete.