Con el retorno del kirchnerismo volvió al debate político argentino una causa que la justicia había terminado: la muerte de Santiago Maldonado. A pesar de que todas las investigaciones dictaminaron que el joven murió ahogado (sin “desaparición forzada” como aseguraba la izquierda) luego de una protesta con corte de ruta, el capricho de encontrar responsables dentro de las fuerzas de seguridad es una constante.
La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, manifestó irresponsablemente, y sin nuevas investigaciones que la respalden, que hubo culpabilidad del Estado y de las fuerzas en la muerte del joven. En una entrevista radial, la funcionaria del equipo de Alberto Fernández, aseguró que Gendarmería tuvo responsabilidad en el deceso de Maldonado, tras un operativo “pésimamente realizado”.
“Las decisiones que se tomaron fueron totalmente desacertadas y por fuera de los protocolos”, indicó la ministra, que ordenará a la brevedad una nueva investigación, tanto para la muerte de Maldonado como en el caso del policía Chocobar, que ultimó a un delincuente que estaba apuñalando a un turista para robarle una cámara fotográfica.
Más allá de las nuevas justificaciones oficiales, lo que hay detrás de las declaraciones de Frederic es un debate político e ideológico claro: si cortar una calle o una ruta impunemente es viable o no y si las fuerzas de seguridad deben cumplir con sus funciones para asegurar el libre tránsito.
Las investigaciones que dictaminaron que Maldonado se ahogó durante su escape han sido absolutamente transparentes. Durante el proceso judicial se comprobó que no existió ni secuestro ni desaparición forzada, aunque el kirchnerismo y la izquierda hablaban de “terrorismo de Estado” durante los días que el joven estuvo desaparecido. La autopsia, que descartó por completo la tesis K, fue absolutamente inapelable y fue firmada por los abogados de la familia del joven fallecido.
Una vez que el secuestro y el homicidio fueron descartados científicamente, el kirchnerismo empezó a insistir con un argumento distinto: el abandono de persona. Es claro que la muerte de Maldonado ya no es más que un asunto de utilización política para el kirchnerismo. En lugar de la búsqueda de la justicia, el hecho pasó a ser la excusa para la agenda político ideológica.
Es claro que el lamentable fallecimiento de Maldonado fue desencadenado por la huida, luego de que Gendarmería liberó el camino que estaba siendo cortado por los manifestantes mapuches hace dos años. Pero, más allá del triste suceso, es una locura considerar que la tragedia producida luego de un hecho inaceptable (como un violento corte de ruta) convierte en lícito un accionar ilegal, claramente indicado en la Constitución Nacional, que garantiza el libre tránsito en todo el territorio nacional.
Las fuerzas de seguridad deben tener protocolos claros y los profesionales deben estar a la altura de las circunstancias, pero su finalidad es el cumplimiento de la ley y esto no puede ser relativizado. Lamentablemente, en los próximos meses Argentina será testigo de una caza de brujas que dejará sin efecto uno de los únicos cambios positivos del macrismo: la gestión de los últimos cuatro años en materia de seguridad.