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El reciente escándalo de Marcelo Balcedo, titular del sindicato de Empleados de Minoridad y Educación, al que se le incautaron más de siete millones de dólares en Uruguay volvió a encender el debate sobre la corrupción del gremialismo argentino. Mientras que varios jefes sindicales siguen insistiendo en que no son todos corruptos, el denominador común del mundo de los gremios en argentina parece ser el mismo: sindicalistas multimillonarios vinculados con hechos de corrupción.
El prestigioso jurista y escritor liberal Ricardo Manuel Rojas analizó en una entrevista con PanAm Post los incentivos por los cuales el sindicalismo argentino tiene estas características recurrentes.
¿Cuál es el principal problema de los sindicatos en Argentina?
El sindicalismo en Argentina está organizado de manera monopólica, existen sindicatos muy poderosos de cada actividad que no han permitido libertad y competencia de ofertas de servicios. El monopolio lleva indefectiblemente a la acumulación de poder y la corrupción. De esta manera el resultado suele ser sindicalistas que se eternizan en sus cargos, que hace décadas que dirigen sus gremios y manejan fortunas, porque los aportes sindicales son obligatorios, y además nadie los controla.
¿Y cuál es la excusa para mantener este sistema fallido?
Para implementar este sistema se utilizó un argumento que al día de hoy sigue vigente, y es que como en una relación laboral el trabajador es el débil, la única fortaleza que tienen los empleados es la unión, y para que exista esa unidad es necesario un monopolio sindical. Esto lo pensó así hasta el expresidente Raúl Alfonsín, que en su momento intentó limitar el poder sindical introduciendo la «democracia», es decir, que sigan existiendo sindicatos únicos, pero con elecciones periódicas para renovar autoridades. Pero eso no sólo no iba a solucionar el problema, sino que iba a generar un problema adicional, que es la injerencia del Estado en la organización sindical.
¿Cómo sería un esquema sindical compatible con un modelo liberal?
En primer lugar, hay que entender que un sindicato debería ser una asociación libre, por lo tanto, no podría existir la afiliación compulsiva o la coacción sobre los trabajadores para afiliarse, y deberían existir tantas asociaciones por actividad como los trabajadores quieran organizar. Ese sería un primer paso, que debería ser complementado con una reducción en el poder político del sindicato, la limitación de la posibilidad de utilizar la coacción a cada rato con la excusa de la defensa de derechos laborales.
Es muy común hoy en día que se haga un paro general o se corten rutas, con inconvenientes para miles de personas, porque el sindicato pide la reincorporación de un empleado despedido. Para resolver esos problemas están los tribunales laborales, no las medidas de fuerza. El derecho de huelga y otras formas de coacción de los trabajadores, que pudieron tener su explicación en algún momento histórico, hoy ya no se justifican.
En definitiva, hay que devolver la relación laboral al contexto de cualquier otra relación civil, sin privilegios ni intervenciones de organismos ajenos a quienes tienen el conflicto.
