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EnglishLa Asamblea de Ecuador se prepara para discutir un proyecto de ley que transformaría por completo el sistema financiero del país a través del nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero. El Presidente Rafael Correa introdujo el proyecto el pasado 24 de junio con «carácter de urgencia», lo que significa que el Parlamento dispone de tan solo un mes para discutirlo y aprobarlo.
Mientras que el partido de gobierno, Alianza PAIS ya tiene los 100 escaños y la mayoría necesaria para aprobar el proyecto en la Asamblea, algunos en la oposición se preguntan por qué tanta prisa. El asambleísta Ramiro Aguilar, por ejemplo, describió la decisión de Correa como «irresponsable,» ya que otorga al legislativo muy poco tiempo para analizar y discutir una reforma de tanta magnitud.
En un período de cinco años, Correa ha introducido «con carácter de urgencia» 16 proyectos de ley económicos para su discusión y aprobación. No obstante, con 516 artículos, este proyecto ha sido el más largo que el Presidente ha presentado hasta ahora. Legislaciones similares han tardado hasta dos años para ser aprobados, mientras que ésta tan solo dispondrá de un mes.
Según Correa, este proyecto «busca dar continuidad a un proceso de conversión de un Estado burgués clasista hacia un Estado popular no clasista en donde las reglas de juego no se definen por la clase dominante sino por el pueblo, el poder popular, el legítimo mandante».
Esta propuesta tiene como fin entonces «reemplazar las leyes neoliberales que provocaron la crisis económica en 1999». El carácter de urgencia responde a su interés en continuar el proyecto revolucionario.
Durante un discurso el 25 de junio, Correa afirmó, «se trata de un Código que finalmente pone a los bancos en función de la sociedad y no como hasta ahora, la sociedad en función de los bancos; ése es el socialismo del siglo XXI».
El proyecto de ley propuesto por Correa, que tendrá su primer debate parlamentario mañana, deroga 31 leyes relacionadas con temas monetarios y financieros, así como otras leyes que lo contradigan. Sin embargo, hay aspectos específicos que ya están alarmando al sector bancario.
Alexandra Veloz, abogada en Quito y excolumnista con el PanAm Post, califica al proyecto de «preocupante», principalmente por el alto nivel de injerencia que le concede al Estado sobre la banca privada.
«Este proyecto de ley es una muestra más de la continua necesidad del Gobierno por abarcar y concentrar todo el poder que le es posible».
Propone una Junta de control todopoderosa
La nueva Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se crea con este código como una entidad con plenos poderes, compuesta por cinco funcionarios del Ejecutivo: el ministro de Política Económica, el ministro de Producción, el ministro de Finanzas, el secretario de Planificación y un delegado del Presidente.
En la exposición de motivos, el Presidente describe el propósito de esta junta como la integración de la «regulación financiera y monetaria en una sola agencia».
Para Veloz, son «superpoderes» lo que este código le concede a la junta, ya que sus atribuciones «son ambiguas y discrecionales». En estas normas, según la abogada, no hay un mayor criterio técnico o financiero, sino más bien «uno de tipo político».
Según el artículo 13 de este proyecto, la nueva junta dirigirá el sistema financiero nacional, y asumirá las funciones de la Junta Bancaria, los directorios del Banco Central del Ecuador (BCE), de la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) y del Fondo de Liquidez, y otras Juntas como la del sector financiero popular y solidario.
Pero más allá de los poderes que se le conceda sobre bancos estatales y finanzas públicas, la junta también podrá regular a la banca privada. Si bien representantes del sector privado podrán ser invitados a las reuniones, estos no tendrán voto en las decisiones.
La junta regulará entonces una amplia gama de temas que van desde tasas de interés de créditos y direccionamiento de créditos, hasta pagos y transferencias internacionales. Según Veloz, al intervenir las operaciones de crédito, la junta podrá dirigir fondos hacia los grupos que Correa prioriza: lo que él considera como «sectores productivos», sin tomar en cuenta su capacidad de pago.
Según el economista Francisco Briones Rugel, analista senior en la consultora Inteligencia Estratégica (IE) en Ecuador, la nueva junta tendrá más poderes que responsabilidades. Tantas atribuciones financieras y monetarias en las manos de unos pocos no puede ser saludable para la economía, Rugel explica.
«Lo que necesita la economía de Ecuador es una mayor apertura a nuevas inversiones que permitan la entrada de nuevos bancos que, al competir, reduzcan costos de créditos y aumenten la oferta de servicios para los emprendedores. Este tipo de medidas ahuyentan a nuevas inversiones del país».
La nueva junta también determinará cuál es el nivel óptimo de liquidez, y a dónde será invertido el excedente según el Plan de Inversión Doméstica acordado por el organismo. Julio Clavijo, asesor de políticas públicas en la Asamblea de Quito, explica:
«El principal problema con esto es que al ‘invertir’ el excedente, la liquidez de la economía aceleraría su expansión, creando nuevos excedentes y un círculo vicioso que suele terminar en las temidas burbujas financieras que encaminan a crisis económicas».
Con ocho votos a favor y uno en contra, la comisión económica de la Asamblea ha dado su primera aprobación a la propuesta para el nuevo Código Monetario y Financiero. Ahora, el proyecto de ley espera para ser debatido en la Asamblea de Ecuador mañana en la mañana.
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