EnglishLo que fue una supuesta teoría conspirativa sobre un plan para asesinar al Presidente Nicolás Maduro, pronto se convirtió en una excusa para arrestar y perseguir a los líderes más destacados de la oposición en Venezuela. “Existen planes políticos violentos por parte de grupos que están actuando al margen de la ley”, explicaba la Fiscal General Luisa Ortega Díaz el miércoles, después de dar los nombres de aquellos que debían asistir a una citación.
Según Ortega Díaz, este grupo había planificado asesinar a Maduro y otros altos funcionarios del gobierno para entonces poder generar caos en el país. “Tenemos las pruebas de que estas personas tenían planes para atentar contra la vida del presidente y de altos funcionarios del gobierno”, aseguró durante una entrevista. Sin embargo, Ortega Díaz explica que el magnicidio no se llevó a cabo porque las autoridades lograron detener a tiempo los “planes desestabilizadores”.
Las acusaciones de planes de magnicidio no son nuevas en la era chavista, y definitivamente no son nuevas para el gobierno de Maduro. Esta sería la treceava vez en 15 meses que el gobierno ha acusado a la oposición de conspirar para asesinar al presidente. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora?
El 28 de mayo, Jorge Rodríguez, coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el Ministro del Petróleo Rafael Ramírez y el Vicepresidente Jorge Arreaza, dieron una rueda de prensa en donde presentaron la “evidencia” que supuestamente demostraba el plan para asesinar a Maduro y lanzar un golpe de estado. La evidencia consistía en un grupo de correos electrónicos que parecían ser escritos por la exparlamentaria María Corina Machado, dirigidos a varios miembros de la oposición, y en los que se planificaba el ataque.
Después de las tantas denuncias que ha hecho el presidente, ni una persona ha sido investigada. Sin embargo, esta vez el régimen parece decidido a llevar el asunto a otro nivel: Perseguir a cada personaje destacado de la oposición.
¿Justicia o persecución política?
A pesar del hecho de que las 21 personas en esta lista de conspiración son solamente de la oposición política, Ortega Díaz ha insistido en que el debido proceso se llevará a cabo con transparencia, imparcialidad y objetividad.
Esta semana, sin embardo, la representante de las Naciones Unidas Gabriela Knaul expresó estar “muy preocupada” sobre la falta de independencia judicial que hay en Venezuela. Esto, según ella, presenta un riesgo para los derechos humanos de los jueces, los fiscales, y la integridad del debido proceso.
No obstante, el miércoles fue emitida una orden de arresto para Pedro Mario Burelli, Diego Arria, y el abogado Ricardo Koesling. Según la Fiscal General, la orden se debe a que los tres han sido identificados como testigos en el plan de asesinato y no asistieron a su citación. Burelli fue director de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ha vivido en los Estados Unidos durante los últimos 10 años. Arria, quien fue representante de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1991-1993), escapó del país apenas las acusaciones salieron y dijo que no acudiría a la citación.
“En medio de una crisis nacional de grandes dimensiones, sólo criminales desesperados son capaces de elaborar un montaje tan burdo y estúpido que no lo cree ni la familia del vocero del régimen”, afirmó Arria.
Para Ligia Camejo, representante del Foro Penal de Venezuela —organización no gubernamental y sin fines de lucro que defiende los derechos humanos— las órdenes de captura anunciadas por la fiscal son un “exabrupto que ningún juez ha debido permitir” y violan gravemente los elementos del debido proceso.
El hecho de que un individuo no asista a un interrogatorio no le da el poder a la Fiscal General de solicitar órdenes de captura, explica Camejo. “Normalmente se hacen tres peticiones antes de considerar que la persona está evadiendo la justicia, pero aquí no solo se pidieron y otorgaron órdenes de aprehensión nacionales a la primera sino de captura internacional”.
¿Quién no es sospechoso para Maduro?
La lista de los 21 sospechosos incluye el abogado Gustavo Tarre Briceño; el editor y presidente del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero; los líderes estudiantiles Yosmil Gutiérrez, Roderick Navarro y Julio César Rivas; el excandidato a la presidencia Henrique Salas Römer; el editor en jefe del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff; e incluso el Embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
La líder estudiantil Gabriela Arellano, quien también es miembro del partido Voluntad Popular —fundado por el disidente encarcelado Leopoldo López— tuvo que acudir a la citación para ser interrogada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju también fue citada por el SEBIN. Suju ha trabajado en la defensa de muchos estudiantes arrestados en las últimas protestas.
María Corina Machado calificó estas acusaciones de “patrañas”, y afirmó que “Maduro me llamó asesina sin una sola prueba y sin defensa y sin juicio”. Sin embargo, Machado confirmó su asistencia al interrogatorio el próximo lunes. “Nadie les cree sus mentiras. Mienten sobre la escasez, inseguridad, salud, empleo y ahora está patraña. Con mentiras no nos van a callar”, aseveró la exdiputada.
No es gracioso
Durante su programa nocturno, el reconocido comediante Luis Chataing se burló de los planes de conspiración de magnicidio. En un sketch de 10 minutos, el comediante explicó cómo elaborar evidencia falsa, imitando aquellas mostradas por el gobierno. Dos días después, el programa de Chataing fue sacado del aire.
Con más de 3 millones de seguidores en Twitter y alto rating, Chataing no tenía miedo de hablar sobre la represión del Estado y expresar su afiliación política hacia la oposición. Sin embargo, el humorista admitió que la televisora Televén estaba recibiendo muchas presiones del gobierno por transmitir su programa y finalmente cedieron.
Entonces, ¿la teoría del magnicidio realmente funciona?
El líder estudiantil Roderick Navarro también fue incluido en la lista de conspiradores, y comentó al PanAm Post su percepción con respecto a estas acusaciones: “La motivación que tienen es apagar las protestas. La ficción del diálogo que montaron con la MUD no funcionó, como lo habíamos dicho antes, para apagar la protesta, con este nueva ficción utilizan el aparato judicial para acabar con la vida de los jóvenes en la cárcel”.
El hecho de que todos los nombres en esa lista sean líderes de la oposición, según Navarro, “no es una coincidencia, es a propósito”.
“Pretenden callar la voz disidente para infundir el miedo en la sociedad y hacer por la fuerza que la gente se acostumbre a vivir en las peores condiciones, como lo hicieron los Castro en Cuba”.
Según Ángel Oropeza, profesor de Ciencias Políticas, esta táctica puede tener ciertos beneficios. Ayuda al régimen a profundizar la radicalización política, reforzada por otras acciones como mantener a Leopoldo López y otros estudiantes tras las rejas, el posible arresto de María Corina Machado, y la amenaza de someter a otros líderes de la oposición a juicio.
La base de apoyo del Chavismo está fracturada entre moderados y radicales, explica Oropeza. En medio de medidas económicas no tan populares, las acusaciones de un plan magnicida, conspiración o golpe de estado le permiten al régimen mantener a los radicales contentos.
Para Oropeza, la estrategia apunta a distraer a las personas de los verdaderos problemas económicos, una tarea que cada vez es más difícil para los seguidores del Chavismo. Sin embargo, el uso constante de esta estrategia ha hecho que el gobierno vaya perdiendo más credibilidad, sin lograr impedir que siga bajando en los índices de popularidad.