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English El lunes, Susana Silva, coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), anunció un nuevo programa en el cual agentes encubiertos de la Policía Nacional se infiltrarán en instituciones de gobierno regionales y locales, ministerios y otras agencias gubernamentales. Estos agentes serán responsables de investigar actos de corrupción en burocracias del Estado, así como en sindicatos paralelos, donde la extorsión y los sicariatos se han convertido en el pan de cada día y las mafias han hallado un ambiente cómodo para operar.
Según el decreto (N° 004.2014-JUS) el Ministerio Público es la única entidad del Estado que podrá ordenar una operación encubierta. Los oficiales de la Policía Nacional recibirán una condición especial que los libera de cualquier responsabilidad penal mientras realicen tareas como agentes encubiertos. Según Silva, este programa mejorará las investigaciones y la recolección de evidencia en casos donde hay indicios de corrupción y participación de mafias, así como evitar que se repita otro episodio como el del departamento de Áncash.
Los escándalos más recientes han propiciado esta medida, que podría considerarse desesperada. El pasado sábado, por ejemplo, el gobernador de Áncash, César Álvarez, fue detenido y acusado de contratar un sicario para asesinar al consejero regional Ezequiel Nolasco. Durante la audiencia de Álvarez, el fiscal general acusó al exgobernador de liderar grandes actos de corrupción mientras estaba en el cargo, como desvío de fondos estatales, el desvío de suministros médicos —originalmente destinados a hospitales públicos— a sus campañas políticas, y de contratar exclusivamente a maestros que eran militantes de su partido político.
La detención de Álvarez tuvo que esperar casi dos años porque el fiscal general de Huaraz —capital de Áncash— se negó a continuar con las investigaciones. Incluso la presidenta de la junta de fiscales de Áncash, Nancy Moreno, acusó al fiscal general de Huaraz de archivar todas las denuncias de corrupción durante el gobierno de Álvarez.
Otro problema de corrupción que estos agentes encubiertos tendrán que enfrentar será el de los sindicatos falsos de construcción, que trabajan como grupos de crimen organizado. Solo en Lima, hay un estimado de 21 sindicatos falsos, integrados por exconvictos, que extorsionan compañías de construcción y agreden y asesinan a miembros de sindicatos oficiales.
Para un país cuya capital es considerada la cuarta mejor ciudad para invertir en América Latina, los problemas de corrupción se han convertido en un gran obstáculo para cualquier política enfocada en fomentar la inversión.
Edwar Enrique Escalante, director de Andes Libres —una ONG que promueve la libertad individual, el libre mercado y el gobierno limitado en Perú— es escéptico en cuando a los resultados que esta iniciativa pueda traer en cuanto a combatir la corrupción en Perú. Escalante compartió su opinión sobre este tema de forma exclusiva con PanAm Post.
“Veo sumamente complicado confiar en la eficacia de un programa como el que se propone con el decreto, principalmente porque se basa en mantener la confianza en una institución como la Policía Nacional del Perú que posee el estigma corporal de la corrupción”.
Para el director de Andes Libres, si el gobierno no incluye reformas serias en instituciones del Estado como la policía y el poder judicial, su programa anti-corrupción está condenado al fracaso.
“En las precarias condiciones institucionales del país, la corrupción es inherente al Estado en todos sus niveles. Dudo que alguna medida que no considere las reformas pendientes pueda tener mayor influencia en el problema de la corrupción”.
En el Índice de Percepción de Corrupción 2013, Perú ocupa el séptimo lugar en América Latina y el 83 a nivel mundial. Según los encuestados en la región, las instituciones más afectadas por corrupción son los partidos políticos, el poder legislativo, la rama judicial y la policía.
Más allá de la necesidad de tener vigilantes de corrupción, Escalante explica que bajo la perpetuación de la corrupción, subyace un problema más profundo relacionado con el gran tamaño del Estado.
“La corrupción está incentivada por la estructura de normas que otorgan poderes discrecionales a funcionarios públicos para decidir el rumbo económico de las inversiones y empresas, así como la disposición de los recursos naturales. Estas decisiones —las más importantes— están centralizadas”.
José Luis Tapia, director ejecutivo del Instituto de Libre Empresa de Perú (ILE), también compartió sus percepciones sobre la reciente política anti-corrupción del país.
Como Escalante, Tapia concuerda con que la lucha contra la corrupción solo puede realizarse reduciendo el espacio para la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Sin embargo, Tapia explica cómo no es la gran corrupción, sino la microcorrupción en los procedimientos la que más afecta a las inversiones nacionales y extranjeras en Perú.
“Es práctica común que ciertos municipios tienen burocracias que cobran extraoficialmente dinero a cada negocio por agilizar trámites, autorizaciones o licencias, de lo contrario detienen o lentifican el proceso administrativo. También, fuentes privadas nos informan que algunos funcionarios de la autoridad tributaria cobran por borrar de la lista de fiscalización tributaria o negocian el pago de la deuda tributaria”.
“Mientras más ilimitado sea el poder del gobierno, la percepción de la corrupción aumenta (…) Para prevenir hay que limitar los poderes gubernamentales mediante una reingeniería de la institucionalidad democrática. En mi opinión, todo lo que se pueda hacer fuera de este enfoque, será insuficiente”, sostiene Tapia.
