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EnglishMás de 24 mil personas perdieron la vida en manos de la violencia en Venezuela durante el año 2013. Esto significa que cada día, 67 venezolanos, sin importar su tendencia política o condición económica, fueron asesinados porque simplemente estaban en el lugar y momento equivocado. Nos hemos acostumbrado a leer todos los días sobre nuevas estadísticas de violencia, hasta que figuras prominentes destacan entre la multitud, y de repente recordamos qué tan violento es nuestro país. El día de hoy esa cifra tiene un nombre: la ex Miss Venezuela y actriz, Mónica Spear.
Spear se encontraba junto a su exesposo irlandés Thomas Henry Berry y a su hija de cinco años, haciendo turismo por Venezuela, algo que muchos venezolanos ya no nos atrevemos a hacer. Mientras conducían por la Autopista Valencia-Puerto Cabello, se accidentaron y tuvieron que pedir auxilio. Mientras esperaban que éste llegara, unos delincuentes los abordaron para robarles. Ante la resistencia de Spear y su pareja, los delincuentes les dispararon quitándoles la vida, e hiriendo a su pequeña hija.
El tema generó inmediata conmoción en la sociedad venezolana. ¿Cómo puede ser que hasta una de nuestras reinas de belleza haya sido víctima de la violencia? “Lamentablemente tenía que morir algún famoso que nos recordara el horror en el que vivimos”, reflexionó el defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui.
El Presidente, Nicolás Maduro, quien en su campaña electoral se autodenominó el “Presidente de la seguridad” porque su preocupación principal sería “combatir la criminalidad”, lamentó la noticia. Todos la lamentamos. Pero, más allá de hacerlo, ¿por qué mejor no nos preguntamos cómo se pudo haber evitado?
Lo ocurrido con la ex reina de belleza no fue casualidad: Spear no era la primera en ser asesinada en esa misma autopista, y probablemente no será la última. Algunos meses atrás, la actriz había confesado que su decisión de emigrar a Estados Unidos se debía a los temores por la seguridad de su hija en Venezuela: no lo decía en vano.
En un país donde la tasa de homicidios alcanzó el número de 79 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Nacional de la Violencia, las probabilidades de morir a causa de un arma continúan en aumento. Si bien el gobierno sostiene que esa tasa es la mitad, la realidad que viven los venezolanos parece ser muy distinta.
El país sufre, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, una “epidemia de violencia“. Y, más que intentos de “politizar” esta tragedia, se trata de humanizar las cifras que tanto nos hemos acostumbrado a leer.
En lugar de reunirse con representantes del Movimiento por la Paz y la Vida (agrupación política de actores), Maduro debería revisar su propia administración. Con un sistema carcelario inhumano, funcionarios policiales cuyo salario llega a ser simbólico, y un sistema judicial corrupto, resulta irrisorio pensar que se podría “luchar” contra la inseguridad. Si le agregamos altos índices de pobreza, desempleo, desigualdad social y ausencia de fuerzas de seguridad, tenemos la combinación perfecta para convertirnos en la capital mundial de la delincuencia.
El número de agentes policiales, el entrenamiento que reciben y su equipamiento, quedó pequeño al lado de un creciente batallón de delincuentes, cuyas armas de guerra atemorizan a cualquier oficial. Nadie quiere ser policía en Venezuela, y con mucha razón: aquellos que se atreven, se las ven bien negras.
Desde enero de este año, el sueldo de un oficial de policía del estado Miranda (el más poblado del país) es de Bs. 5.880, un número bastante bajo para alguien que trabaja arriesgando su propia vida para proteger la de otros. Para poner esto en perspectiva, hace un mes, la canasta básica familiar superó los Bs. 15.000; es decir, que ni siquiera con los sueldos de dos policías se podría cubrir lo más esencial de una familia. Además, en lo referido a la vivienda, estos sueldos solo pueden costear residencias en zonas donde los índices de delincuencia son altos; es decir que nuestros agentes policiales duermen en la noche al lado de los delincuentes que persiguen de día.
En los últimos años, el número de policías asesinados pareciera reflejar más un exterminio, que una consecuencia de la delincuencia común. Entonces, si el Estado no puede ni siquiera garantizar la seguridad de aquellos que nos deberían proteger, ¿qué nos queda al resto de los civiles desarmados?
Pero el problema es aún más profundo. Suponiendo que, en estas condiciones y con estos obstáculos, los policías logren capturar a los delincuentes, difícilmente éstos sean condenados. El sistema judicial se ha convertido en un nido de corrupción donde prácticamente todo se resuelve con dinero. En la memoria y cuenta del 2011 de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, la impunidad en Venezuela se ubicó en 91,8%. Es decir, 9 de cada 10 acusados no llegan a ser juzgados.
Si actualmente 50 funcionarios trabajan para resolver el caso de la ex-miss Venezuela, ¿cuántos necesitaríamos para resolver los 24.763 casos del año pasado?
Si esta realidad suena espeluznante, la de aquellos que llegan a las cárceles es aún peor. Las cárceles son lugares infrahumanos que en lugar de corregir conductas antisociales y prevenir futuros crímenes, se convierten en escuelas de delincuencia. No puede sorprendernos que cada mes estos “reformatorios” se conviertan en campos de batalla, con un hacinamiento o superpoblación reclusa del 179,19%, donde los guardias ni siquiera pueden entrar a las celdas y los “privados de libertad” están más armados que la misma Guardia Nacional.
Sólo hace falta leer en las noticias sobre las últimas masacres llevadas a cabo por los mismos reclusos, para entender cómo el último recurso que tiene el Estado venezolano para corregir las conductas está condenado al fracaso.
La delincuencia a la que Maduro se refiere como un “mal tremendo“, ya es algo habitual en Venezuela. Mientras que no impere la ley ni se eliminen las causas estructurales de la violencia, no habrá ningún plan de Patria Segura que nos saque de tener la quinta tasa de homicidios más alta del mundo. Mientras tanto, seguiremos siendo la “Venezuela chévere” para el gobierno, y el país homicida para el resto de los venezolanos.
