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Tras un intenso período electoral, los venezolanos podrán descansar de campañas; mientras que el gobierno finalmente podrá tomar todas esas medidas económicas no tan populares, que han aguantado durante varios años. No había pasado ni una semana después de las últimas elecciones, cuando el vicepresidente Jorge Arreaza habló de “comenzar a cobrar la gasolina”, aquel tema tabú en la política venezolana. Más allá de modificar un precio, esta medida pondrá a prueba el poder político que ha construido el chavismo por tantos años.
La idea de eliminar el subsidio del combustible no es nueva. En 1989, el entonces presidente Carlos Andrés Perez introdujo un paquete económico, que incluía eliminar el subsidio progresivamente. Las reacciones de la población no tardaron en manifestarse, resultando en uno de los peores episodios de la historia del país (el Caracazo), donde protestas y saqueos terminaron con la vida de más de 300 venezolanos. En 1996, el expresidente Rafael Caldera logró incrementar puntualmente el precio de la gasolina en un 500%, subiéndolo a 0,070 bolívares (US$0,09) por litro, el cual se mantiene hasta el día de hoy.
A pesar de este pequeño logro, desde el Caracazo, eliminar el subsidio de la gasolina ha sido un tema “incómodo” para los políticos venezolanos. Una incomodidad que parece no molestarle tanto al chavismo.
Un beneficio insostenible
Si en algo pueden estar de acuerdo todos los venezolanos, es que el precio del combustible es irrisorio; y su precio no refleja su valor ni mucho menos su costo de producción. De acuerdo a las cifras suministradas por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), este subsidio implica una pérdida anual de US$ 12.500 millones. Esta situación ha llegado a tal punto que la empresa no cobra el combustible a las estaciones de servicio, e incluso les paga un margen de comercialización — que supera el precio de la gasolina — sólo por suministrarlo. Es decir, suministrar la gasolina es más costoso que la gasolina misma.
Está claro que su venta interna ha dejado de ser un negocio rentable para el gobierno. Sin embargo, no solo los venezolanos se benefician de este subsidio, sino los contrabandistas también. Como todo control de precio genera un mercado negro, el de la gasolina no se escapa de esta realidad. De acuerdo a PDVSA, se estima que el contrabando a Colombia es de unos 30 mil barriles diarios, lo que implica una pérdida por costo de oportunidad de 1.400 millones de dólares al año.
En una rueda de prensa, el Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez declaró: «este subsidio no favorece al pueblo de ninguna manera». A pesar de que este beneficio resulta insostenible económicamente, resulta contradictorio hacer que los venezolanos paguen el precio «justo» de la gasolina, mientras el gobierno sigue donando petróleo a otros países. ¿Por qué los venezolanos debemos pagar lo que los cubanos y otros aliados del régimen no? Sin elecciones cercanas, el chavismo está dispuesto a asumir un costo político en el país que no pueden arriesgar en el exterior.
¿El fin justifica los medios?
En un país donde la inflación escala a diario, resulta preocupante las consecuencias que una medida como ésta pueda traer para la inestable economía venezolana. Ciertamente, Venezuela no es el primer país en eliminar el subsidio de combustible; otros países lo han logrado con éxito.
Algo que está claro a la hora de eliminar cualquier ayuda gubernamental es la importancia del diálogo entre todas las partes afectadas, la transparencia en el destino de los recursos utilizados para el subsidio, y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En estas pocas semanas, el gobierno solo ha anunciado esta medida como una reacción repentina a una escasez en los fondos públicos.
A pesar de que el presidente Maduro invitó en cadena nacional a debatir sobre el tema; la autenticidad de esta propuesta está en duda. Un régimen que no acepta derrotas electorales, censura medios de comunicación disidentes, y agrede físicamente a parlamentarios opositores, pone en tela de juicio la autenticidad de este “debate”.
La transparencia de este subsidio en caso de ser eliminado no está claro tampoco. Más allá de no presentar una propuesta clara del destino de estos fondos, el gobierno tiene graves antecedentes que ponen en duda la legitimidad de esta reforma. No es casualidad que Venezuela ocupe el puesto 160/177 en corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional.
La necesidad de esta medida no está en duda, el proceso de llevarla a cabo sí. En medio de una de las peores crisis económicas, el poder político del chavismo quedará evidenciado si logran aplicar esta medida sin obstáculos ni «peros» de la población. De lograrlo, la victoria será doble: PDVSA no solo podrá disminuir sus pérdidas, sino que Maduro podrá lograr lo que ningún gobernante ha logrado hasta hoy, y será recordado, entre tantas cosas, como el único presidente socialista que logró eliminar el subsidio más emblemático de Venezuela.
