A una sala de redacción de algún medio de comunicación llega un reportero informando que acaban de ser elegidos los once miembros de la Comisión de la Verdad, institución creada, según reza su página de internet, para “investigar sobre todos los elementos del mandato”. Es decir, tienen la faraónica labor de llegar a la explicación profunda, de las causas que desataron la creación de guerrillas de corte maoísta y leninista, que enfrentaron al Estado colombiano con las armas, y que, a través de su lucha armada, terminaron en un contubernio con el narcotráfico.
Esta comisión deberá, según lo estipulado en los acuerdos de La Habana, fomentar espacios de diálogo por medio de audiencias públicas, que promuevan a los actores del conflicto a expresar los hechos en los que participaron. Igualmente, tendrán la delicada labor de realizar un trabajo de investigación transdisciplinar, que realice aportes que permitan determinar qué ocasionó el conflicto, de tal forma que se puedan trazar políticas públicas de tipo transversal, con enfoque de género, es decir, focalizando su accionar sobre la mujer para evitar que estas vuelvan a convertirse en víctimas indirectas o directas de una confrontación armada.
Toda esta labor requiere de un equipo de expertos sin sesgos ideológicos o políticos, que inclinen la balanza hacia cualquiera de las partes que se vieron enfrentadas por más de cincuenta años. Es en este ítem donde la comisión no convence a un sector representativo de la opinión pública. Instituciones como Acore han expresado su desconfianza porque las personas escogidas son tendenciosas contra la Fuerza Armada. Bajo esta óptica, lo lógico es recurrir a datos para dilucidar si esos reproches tienen fundamento. Así, una comisión que tiene como objetivo determinar el origen del conflicto, requiere mano de obra calificada en entrenamiento multidisciplinar para cumplir su cometido y seleccionadas de la base de datos que posee Colciencias, órgano encargado de certificar la investigación científica de Colombia.
De acuerdo con los registros de esta entidad, el país cuenta con 13.199 investigadores, clasificados de la siguiente forma: los de mayor capacidad son senior, que equivalen a 1.800 científicos; seguidos por los asociados, que son 3.596; finalmente, los junior alcanzan el orden de los 7.083. Supondríamos que los investigadores que fueron distinguidos para tal alto menester tienen la calificación senior que otorga Colciencias, sin embargo, ninguno de los once miembros de la Comisión de la Verdad ha sido clasificado. Eso implica que no poseen investigación científica reconocida por la academia profesional, así que no han realizado aportes a la ciencia, con el propósito de dilucidar problemas de investigación. Por supuesto que algunos de estos miembros son reconocidos por su trabajo con víctimas; sin embargo, existen por lo menos 13.199 científicos que están por encima de los seleccionados. La clasificación Colciencias no es un capricho, responde a cánones de investigación a nivel mundial, tanto que las universidades colombianas se rigen bajo estos criterios para evaluar su planta docente. Entonces, porque el comité de selección de la Comisión de la Verdad no recurrió al listado oficial de los científicos mejor evaluados de acuerdo con su experticia y calidad de su trabajo académico.
Ese tipo de actuaciones abre una sombra de dudas sobre la imparcialidad del comité de elección, sobre todo si solo el 36 % de los miembros de la Comisión posee formación como investigador profesional, según puede apreciarse en la figura 1.
Figura 1. Formación como investigador de la comisión de la verdad
El segundo punto, que es más preocupante, son los sesgos ideológicos que pueden inclinar los resultados de la investigación, como ya sucedió con el informe Basta Ya, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH). Según ese informe, el 60 % del reclutamiento de niños lo cometió las FARC; aun así, la narrativa del informe se concentra en otros actores, tocando el tema de esta guerrilla de forma tangencial.
Ahora, de los once escogidos para conformar la Comisión de la Verdad, según la figura 1, el 54 % ha defendido a víctimas del Estado, 27 % son investigadores profesionales que no están clasificados en Colciencias, y solo el 9 % ha defendido a víctimas de la guerrilla, a pesar que fue un grupo ilegal que empleo el secuestro como política sistemática. Según cifras del CNMH, el 90 % de ese delito fue responsabilidad de las guerrillas, así como la destrucción de estructuras civiles fue obra de estos grupos el 84% de las veces.
Lo anterior implica que en la Comisión debería haber una distribución de “investigadores” de la verdad diferente, pero, según la evidencia de la figura 2, la inclinación a favor de un grupo es incuestionable, sembrando desde ya desconfianza por los resultados que arroje esta institución.
Figura 2. Experiencia laboral investigadores Comisión de la Verdad
Es decir, los detractores de la elección de los miembros de esta Comisión tienen razón, la inclinación ideológica podría sesgar sus tesis. Además, el hecho que no sean investigadores profesionales avalados deja incertidumbre en los métodos que emplearán para determinar las causas del conflicto. Igualmente, entre los profesionales escogidos no se encuentran expertos en manejo de datos, algo insólito, teniendo en cuenta que han sido los métodos matemáticos, así como los avances computacionales, los que han permitido esclarecer hechos de la guerra en Bosnia y Guatemala, entre otros.
Si lo que se pretende es establecer el origen de la guerra en Colombia para evitar su repetición, esta Comisión no cuenta ni con la experticia ni con los procedimientos apropiados para lograr este fin. Por el contrario, su conformación polariza porque no posee un principio básico de la investigación, que es asumir el objeto de investigación sin juicios a priori, algo que evidentemente no se cumple en este caso.