Las Farc, el 26 de junio de 2017, realizó una entrega simbólica de armas en el municipio de Mesetas, departamento del Meta (Colombia), epicentro de las acciones criminales de este grupo armado. Esta zona fue empleada como retaguardia estratégica para lanzar feroces acciones armadas contra la población civil, confrontando a las Fuerzas Armadas que frenaban su accionar delincuencial. Lo primero que habría que destacar es que una dejación de armas es, por definición, buena para un país que ha soportado todo tipo de fenómenos criminales. Sin embargo, existen por lo menos tres razones para que en Colombia el esperado día en que un grupo armado de más de 50 años deje las armas, genere, lacónicas reacciones, a pesar del despliegue mediático.
En primer lugar, Colombia ha tenido por lo menos diez procesos de paz, que han desembocado en organizaciones criminales más eficientes; eso lo comprende el público que no confía en una banda criminal que en el pasado engañó a la nación, como sucedió durante el gobierno de Andrés Pastrana. En segundo lugar, las armas no están a la vista de la población, el mecanismo de dejación no tiene en cuenta números seriales de las armas, ni los lotes de la munición. A propósito de este ítem, el fundador de la revista “El Malpensante” hacía un airado reclamo a quien escribe estas líneas (ver trino), manifestando que un grupo ilegal borra la identificación del arsenal bélico, dejando ver así un precario conocimiento en ciencias forenses (ver video).
De acuerdo con estudios balísticos, existen cinco métodos para recuperar seriales (Informe perito forense); evidentemente es costoso aplicar la restauración de identificación a todo el armamento, pero la estadística soluciona este problema, por medio de una lotería, se debió escoger el 10 % del material de guerra y haberlo enviado a diferentes laboratorios forenses internacionales (ver sistema etrace). Esto le habría dado transparencia al proceso; por supuesto algo inaceptable para las FARC, porque implicaba trazabilidad, sobre dónde adquirieron las armas, cómo financiaron ese gasto y qué delitos se cometieron con este material.
El tercer punto son los receptores de las armas, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los cuales poco se sabe. En las escasas imágenes tomadas por el propio grupo delincuencial se aprecian individuos con chalecos de la ONU manipulando fusiles de asalto M4 y R-15, rifles que no son de uso frecuente de las FARC, como sí lo eran los fusiles Kalashnikov (ver reportaje). Además, el Consejo de Seguridad de la ONU acumula un historial de fracasos, basta recordar la guerra civil en Siria, el desastre de Darfur o Venezuela, un país autárquico rumbo a transformase en una dictadura, en su calidad de miembro transitorio, promovió sancionar al Estado de Israel en diciembre de 2016, única democracia estable y profunda del Medio Oriente. Esa es la organización, en la cual deben confiar los ciudadanos colombianos para desarmar al peor grupo criminal del país.
En pocas palabras, el gobierno y sus áulicos piden un acto de fe en las Farc. Difícil exigencia, a menos que estemos hablando de teología, y no de un Estado social de derecho dentro de una democracia liberal. Bajo esas circunstancias, es necesario recurrir a los datos que posee el propio Estado colombiano para extrapolar conclusiones. Durante el periodo del presidente Álvaro Uribe se creó una política pública de seguridad que fue el corazón del andamiaje político de ese gobierno, como se puede apreciar en la figura 1, el número de armas incautadas creció de forma exponencial entre el año 2003 al 2008.
Figura 1. Armas incautadas anualmente
Es claro que hay un cambio de tendencia en el año 2003, el número de incautaciones creció hasta tocar un máximo histórico de 74.581 armas decomisadas por las fuerzas armadas. Después esta cifra descendió y se mantuvo dentro de los 30.000 decomisos anuales, eso quiere decir que, en promedio anual, las autoridades sacan del mercado ilegal 48.000 armas; es así como desde el año 2002 hasta el 2015 han sido confiscadas 668.970 armas. Esto en términos de salvar vidas es una cifra extraordinaria, que posiblemente explica el descenso de los homicidios a nivel nacional, desde que se aplica una política de seguridad emanada desde el gobierno central. Ahora, con relación al conflicto armado, se puede inferir que los rifles de asalto son los elementos predilectos empleados por las FARC para delinquir y confrontar a la fuerza pública (figura 2).
Figura 2. Histórico de fusiles incautados
Al desagregar la cifra en la figura 2, se aprecia que en 2007 hay una inflexión en la recuperación de material bélico, llegando a su máximo en 2012 cuando se incautaron 1955 fusiles. Es decir, desde 2002 hasta 2015 los grupos armados perdieron 10.069 rifles. Sin embargo, esta figura es inquietante, ya que muestra el descenso abrupto en la incautación de este material bélico a partir de la instalación de la mesa de negociación en la Habana. Esto abre dos hipótesis: la primera, que el gobierno relajó esfuerzos contra las estructuras criminales; la segunda, que estas organizaciones dejaron de armarse, lo cual entra en contradicción con cálculos del CERAC. El otro asunto determinante es la incautación de munición. Esta puede llegar a ser más importante que las propias armas (figura 3).
Figura 3. Histórico de munición incautada
Los resultados de la figura 3 muestran que las fuerzas armadas confiscan anualmente 569.078 cartuchos, es decir, desde el año 2002 se han incautado 7.967.100 balas. Pero de nuevo surge un patrón que sigue la misma trayectoria que la figura de incautación de fusiles. Esto indicaría que el comportamiento del mercado ilegal de armas largas, marca la tendencia del resto de material bélico; de ser esto cierto, controlar el tráfico de fusiles es un objetivo primario de seguridad; lo que lleva a la pregunta final, ¿cuántas armas posee realmente las FARC?
Según un informe al que tuvieron acceso algunos medios, por cada miliciano habría 5 armas, eso da un estimado de 34.500 armas; cifra que no cuadra con las 7.132 que reporta la ONU. Lo anterior, lleva a dos reflexiones; el trabajo de la fuerza pública ha permitido reducir la cifra de violencia dentro del territorio nacional, la evidencia empírica lo confirma; mientras las FARC solo dejan dudas sobre su verdadero arsenal, porque las pruebas indican, que esta organización criminal que canjea armas por base coca, tiene recursos para adquirir material bélico e incentivos para mantenerlo en su poder, así podrá hacer política mientras crea alianzas con otras organizaciones delictivas que sirvan a sus objetivos estratégicos.