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Las protestas en Bolivia contra la decisión del gobierno de postergar el censo poblacional que corresponde a 2023 para 2024 cumplen ya casi dos semanas. La importancia de este reclamo, que se concentra en Santa Cruz –bastión opositor– radica en el hecho de que este registro condiciona la distribución de recursos entre las regiones, y esta ciudad termina siendo la más afectada. Los intentos de sofocar las protestas con mesas de diálogo aún no dan frutos. Mientras tanto, los ciudadanos sufren el asedio de grupos oficialistas que promueven choque violentos para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas.
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“Todo esto que está articulando el gobierno es terrorismo de Estado”, dijo a PanAm Post la periodista Marianela Montenegro, quien asegura que los manifestantes hacen un reclamo legítimo. Por ley, cada 10 años debe realizarse un censo de población y vivienda. Y esto es lo que exigen. Además, piden que las preguntas del censo sean acorde con la realidad de los bolivianos y no alineadas con la agenda de organismos internacionales.
La periodista acusa que el relato izquierdista del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), no cumple ni con el discurso “antiimperialista” que profesa. Al contrario, reprocha que el Partido Demócrata tenga influencia en Bolivia.
Sobre todo reclama que los recursos naturales del país son saqueados por corporaciones transnacionales. En particular el oro, cuyo mayor beneficiario sería el polémico millonario George Soros –según su denuncia–, el cual es reconocido por financiar agendas ideológicas contrarias a los valores hispanos.
Al momento, el gobierno de Luis Arce anunció que habrá una mesa de diálogo con organismos internacionales para definir la fecha del censo. Mientras tanto, la ciudad de Santa Cruz sigue asfixiada por los grupos de choque y las fuerzas del orden público que responden a los mandatos del régimen socialista del MAS.
