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Los vínculos entre el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con la mayor red de crimen organizado de Brasil llegan hasta el polémico tríplex de su propiedad que lo llevó a la cárcel. Una vez que salió a la luz que el Partido de los Trabajadores (PT) habría lavado dinero a favor de la PCC (Primeiro Comando da Capital), han aparecido otros nexos que convergen en el mismo punto: el edificio Solaris que se le atribuía al exmandatario izquierdista que hoy aspira nuevamente a la Presidencia.
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La conexión se establece por medio de dos nombres: Felipe Ramos Morais y João Vaccari Neto. El primero era el piloto de confianza del PCC, preso desde 2018. Y el segundo era tesorero del PT y esposo de Giselda Rose de Lima, dueña del apartamento donde vivía Morais, según el Ministerio Público Federal (MPF). Pero la mayor casualidad –si se le puede llamar así– es que este inmueble está ubicado en la famosa torre Solaris, en Guarujá, el mismo edificio donde se encuentra el apartamento tríplex que presuntamente pertenece a Lula da Silva. “¿Coincidencia?”, se preguntan medios locales no alineados con la izquierda como Hora Brasilia. La prensa tradicional ha optado por guardar silencio.
Para entrar en contexto es preciso recordar que Felipe Ramos Morais es acusado de haber participado en 2018 en los asesinatos de los líderes del PCC Rogério Jeremias de Simone, conocido como ‘Gegê do Mangue’, y Fabiano Alves de Souza, alias ‘Paca’. Las autoridades manejaban la hipótesis de ajusticiamiento o ajuste de cuentas dentro del propio PCC, pues Morais los habría trasladado en el helicóptero que piloteaba al lugar donde fueron asesinados, en la región de Aquiraz. Pero el año pasado fue puesto en libertad tras haber logrado un presunto acuerdo de colaboración con la Policía Federal y el Ministerio Público.
Con apenas 30 años –para ese momento–, el piloto a cargo del “vuelo de la muerte”, Felipe Ramos Morais ya poseía un patrimonio de 3,7 millones de dólares. Incluía siete helicópteros, cuatro lanchas, cuatro camionetas, dos automóviles y cinco empresas.
Piloto que trabalhava para o PCC tinha apartamento no mesmo prédio onde o Lula tem um triplex. Meras coincidências. As informações do Marcos Valério vão sendo difundidas.
— Silas Feitosa (@SilasFeitosa) July 6, 2022
Esposa del tesorero del PT era la propietaria del apartamento
Al momento de su detención en 2018, el piloto vivía en el apartamento propiedad de Giselda Rose de Lima, esposa del extesorero del PT, João Vaccari Neto, según la información divulgada por MPF.
Si bien los asesinatos ocurrieron hace cuatro años, el piloto hoy vuelve a ser noticia por la posible vinculación con la confesión del publicista Marcos Valério divulgada en exclusiva por la revista Veja a comienzos de este mes, en la que afirma haber estado a cargo de fondos clandestinos del PT por 100 millones de reales (18,8 millones de dólares).
El edificio Solaris fue noticia en 2018 por dos hechos que inicialmente parecían aislados. Por un lado, acaparó titulares debido a la condena a nueve años y medio de prisión que recibió el expresidente Lula da Silva por recibir sobornos de la constructora OAS, encargada de la construcción del edificio donde se encuentra el tríplex de 215 metros cuadrados presuntamente propiedad de Lula; por el otro, debido a los allanamientos realizados por la policía a propósito de la detención del piloto Felipe Ramos Morais.
El edificio que llevó a Lula a la cárcel
Para ese entonces, el Instituto Lula admitió la presencia del exmandatario izquierdista en el inmueble, el que además sirvió para albergar movimientos sociales que apoyaban a Lula mientras estuvo preso. En total, el líder del PT había recibido dos sentencias que sumaban 17 años, un mes y 10 días por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales, pero el Supremo Tribunal Federal (STF) –con mayoría de jueces designados por el PT– ordenó en marzo del año pasado anular las condenas alegando que el juzgado 13 de Curitiba, de primera instancia y cuyo titular era el ahora exministro Sergio Moro, no tenía competencia para juzgar a Lula, según la ponencia del juez progresista Edson Fachin. La decisión incluyó la restitución de sus derechos políticos para permitirle participar en las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre.
De acuerdo con el portal Brasil Sem Medo, el extesorero del PT, João Vaccari Neto, fue condenado en 2015 por blanqueo de fondos del Partido de los Trabajadores. Posteriormente se le abrió otra causa por la operación Lava Jato. Pero el STF también le anuló las condenas en su contra el año pasado, tal como lo hizo con Lula da Silva.
Además, Vaccari fue presidente de Bancoop, la cooperativa bancaria que inició la construcción del edificio Solaris, que condujo a la encarcelación de Lula da Silva. El juez Sergio Moro había determinado que el tríplex fue un soborno por parte de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios.
El origen de los nexos entre la izquierda y el crimen organizado
João Vaccari también fue denunciado por intermediar en la transferencia del equivalente a 1,1 millones de dólares de Petrobras al empresario Ronan Maria Pinto, de Santo André (SP). El pago habría sido por su silencio sobre la muerte del exalcalde y excoordinador de la campaña presidencial del PT, Celso Daniel, en 2002, debido a los presuntos vínculos con Lula y el partido.
A inicios de este mes, el publicista Marcos Valério confesó que el empresario Ronan Maria Pinto estaba chantajeando al entonces presidente Lula da Silva. Le amenazaba con revelar que el PT era financiado con fondos ilegales. Quien le informó a Valério de lo sucedido presuntamente fue Sílvio Pereira, entonces secretario general del PT.
El origen de estos nexos data de 1979, cuando se creó el Comando Vermelho (rojo, en portugués) en el interior de la Cárcel de Ilha Grande. Allí se unieron militantes de izquierda y delincuentes comunes. Casualidad o no, un año después nació el Partido de los Trabajadores, identificado con el color rojo.
En contraste, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó al poder ofreciendo una lucha sin cuartel contra el crimen organizado y las cifras al respecto están de su lado. Hace un par de meses destacó que en 2019 se logró la mayor reducción de homicidios y la tasa de violencia más baja en 15 años en 2021, mientras en 2022 lo índices siguen cayendo.
Estos dos modelos se enfrentan en las urnas el próximo 2 de octubre, cuando los brasileños escogerán entre la política de seguridad que lleva adelante Bolsonaro o el regreso de la izquierda vinculada al PCC con Lula da Silva.
