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Como presidente de Ecuador, Guillermo Lasso ejerció su poder de veto para poner límites a la ley de despenalización del aborto que recientemente aprobó el Poder Legislativo por orden de la Corte Constitucional. El mandatario ecuatoriano hizo más de 60 enmiendas para garantizar el respeto a la libertad de conciencia de los médicos, garantizar la protección de la mujer abusada e impedir la discriminación fomentada en el proyecto de ley.
“Bajo ningún concepto se requeriría la denuncia, examen o declaración previa alguna”, establece el proyecto de ley en Ecuador actualmente.
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El violador ya no puede llevar a su víctima a abortar
Lasso presentó una objeción a este punto. Ahora será necesario que las menores de edad presenten el consentimiento de sus padres o tutores, salvo que sean los victimarios. De esta manera el jefe de Estado busca garantizar que las víctimas de violación no sean forzadas a abortar por sus abusadores.
“Varios artículos del proyecto de ley requieren ser ajustados para que no se conviertan en excusas para la impunidad”, reprochó el presidente.
“El proyecto de ley contiene normas por las cuales se podría dificultar la investigación y sanción del delito de violación, dificultando la recolección de testimonios y recepción de denuncias, contraviniendo lo establecido en los artículos 276, 277, 422 y 422.1 del COIP (Código Orgánico Integral Penal), con lo cual se perpetúa la violencia contra la mujer y atenta directamente contra sus derechos, en particular, a los derechos a la integridad física, a la integridad psíquica y a la integridad sexual”, continúa.
A esto se suman otras decenas de observaciones que deberán incorporar los legisladores para la aprobación de la ley en los próximos 30 días.
Mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales. Por eso he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/g7AqAl82C5
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 16, 2022
Discriminación a indígenas, negras y campesinas
Tal como estaba redactado el proyecto de ley permitía el aborto por seis semanas más si la embarazada era negra, indígena, campesina o menor de edad. Alegando una supuesta inclusión y sensibilidad social, el activismo feminista impulsó una medida que ampliaba el lapso para poner fin a la vida de los hijos de estas mujeres en lugar de protegerlos.
Guillermo Lasso frenó este punto. Originalmente la Asamblea Nacional de Ecuador dispuso que se permitiría el aborto en caso de violación hasta la semana 12 en mujeres adultas y la semana 18 en los casos anteriormente expuestos. Por medio del veto se eliminó esta discriminación disfrazada de inclusión. El presidente exigió respetar el principio de igualdad ante la ley, exclamando que “todos somos iguales ante nuestra Constitución y leyes”.
Lasso garantiza la libertad de conciencia de los médicos
Además, el presidente garantizó la libertad de conciencia de los médicos que se nieguen a violar el Juramento Hipocrático que en Ecuador establece explícitamente que no suministrarán abortivos y no ejecutarán la muerte de sus pacientes. Esto frena el punto del proyecto de ley que pretendía castigar con 20 salarios mínimos a los médicos que defendieran la vida.
Esta enmienda es clave en cuanto a los precedentes regionales. En el caso de Argentina, el doctor Leandro Rodríguez Lastra fue sancionado por salvar a una mujer (embarazada de 6 meses) y a su hijo de un aborto clandestino inducido por una agrupación feminista (La Revuelta). Dado el cuadro crítico de la mujer, el doctor le ofreció la posibilidad de revertir el aborto (lo cual es posible cuando es con pastillas), estabilizarla y dar a su hijo en adopción luego de poco más de un mes de gestación restante.
El médico argentino salvó dos vidas. Pero fue acusado de no cumplir con su deber como funcionario público. De manera que una vez que el aborto se consagra como “derecho”, un médico puede perder el trabajo e incluso su libertad por salvar la vida de sus pacientes, mientras el presunto violador no es perseguido.
Para evitar este tipo de conductas, el presidente Lasso ratificó su veto. Así subsana un faltante importante del proyecto de ley: perseguir al violador.
Frente a la despenalización del aborto y la aprobación de la ley que lo regula, el Presidente de la República puede ejercer su facultad de veto. ¿Qué implicaciones tiene esto? -Te invitamos a leer nuestro artículo https://t.co/Kkg8d3qjxH
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— Dignidad y derecho (@DignidadDerecho) March 14, 2022
El activismo judicial pone a los jueces por encima de la ley
Lo que sucede hoy en Ecuador ya sucedió en Colombia y en México. El activismo judicial quiebra la jerarquía institucional y el rigor constitucional.
En teoría, toda república tiene tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero cada vez gana mayor peso lo que se conoce como activismo judicial, que permite a la Corte Constitucional asumir funciones propias del Legislativo. Lo opuesto a su labor que es en principio resguardar la Constitución.
Tal como sucedió en Colombia, en lugar de proteger el derecho a la vida consagrado en la Constitución, en Ecuador fue la Corte el órgano que deslegitimó este derecho y validó poner fin a la vida de seres humanos indefensos.
En el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional dispuso invalidar el derecho a la vida de un ser humano si fue concebida en una situación violenta, jerarquizando así la vida humana según su origen.
Ante esto, el presidente Guillermo Lasso ha puesto un freno, sobre todo en materia ideológica. Pues en su veto se establece que el aborto en Ecuador no será un derecho sino una excepción ante el lamentable caso de una violación, y los médicos podrán ofrecerle a la mujer abusada otras alternativas como la adopción, para que así no vea como única salida la muerte de una criatura inocente como solución a la conducta violenta de un delincuente.
