Más de 58 personas perdieron la vida en el más reciente motín ocurrido en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, Ecuador. La crisis carcelaria ya supera los 200 muertos desde el primer levantamiento en febrero de 2021. Esta vez, además se usaron explosivos como dinamita para llenar de humo las celdas y hacer estallar las paredes.
La comandante general de la Policía, Tania Varela, anunció en rueda de prensa que se trató de una dinámica de poder para controlar el pabellón 2. En vista de que recién fue liberada la cabecilla local, las bandas de crimen organizado se disputan el control.
Los tiroteos comenzaron la noche del viernes 12 de noviembre alrededor de las 7:00 p.m. El gobernador del Guayas y el presidente de la nación estaban en una cena de gala por el aniversario de la Marina de Estados Unidos junto al cuerpo diplomático. Por lo cual el gobernador Pablo Arosemena ha sido duramente criticado.
Sin embargo, se pudo observar cómo el mandatario regional salió inmediatamente hacia la penitenciaría y se colocó un chaleco antibalas. Pese a que estuvo en el lugar de los hechos hasta el amanecer, también fue cuestionado al punto que se llegó a pedir su destitución. Y es que las balas llegaron incluso a ciudadelas aledañas. Ante la pregunta si los ataques en redes eran orquestados, contestó que sí: “El troll center correísta está activado”, fue su respuesta.
Desde el Gobierno ecuatoriano, que lleva poco más de cinco meses en el poder, se alega que tanto el correísmo como la Corte Constitucional entorpecen la labor. La administración regional también argumenta esta tesis. El gobernador del Guayas acusa frontalmente la complicidad del correísmo en el avance del narcotráfico, lo cual permitió el fortalecimiento de los grupos de crimen organizado que hoy controlan las cárceles del Ecuador.
Adicionalmente, Arosemena destaca que una de las causas principales por las cuales se vive la crisis actual en las cárceles es porque el correísmo le quitó las armas a los guías en las prisiones y, por tal motivo, ahora portan armas no letales, lo que se tradujo en mayor poder para los delincuentes.
Gracias a la constitución de Montecristi que nos impuso el correísmo, los militares no pueden entrar a las cárceles a salvar vidas. No importa cuanta gente maten adentro, la porquería de constitución que tenemos lo prohíbe #PenitenciariaDelLitoral
— Mario De Freitas (@defreitasmario) November 13, 2021
Una de las críticas más comunes por parte de la sociedad civil es el hecho de que el motín fue grabado por un recluso. Allí Arosemena reprocha el rol de la Defensoría del Pueblo y ONGs afines que en nombre de los Derechos Humanos no permiten a las autoridades incautar los celulares que hacen posible la comunicación y coordinación de actos delictivos. El mandatario regional destacó incluso la presencia de celulares con capacidad satelital.
⚠️ Así se escucha la ráfaga de disparos en la #PenitenciariaDelLitoral de #Guayaquil. Personal policial continúa en el sitio.
En este momento ya está abierta al tránsito la vía a Daule. pic.twitter.com/YEBZiTBnD4
— 🇪🇨 C.U.P.S. (#QuédateEnCasa 🏠) (@Cupsfire_gye) November 13, 2021
Por tal motivo, el gobernador anunció que pronto habrá detectores en las cárceles para impedir el ingreso de armas de fuego. Además, recordó los acuerdos con EE. UU., Colombia e Israel en materia de defensa.
Policía paralizada por leyes que los deja indefensos
Actualmente las leyes “progresistas” y el sistema judicial “garantista” trabajan en función de la protección de los criminales, no de quienes combaten la delincuencia. El gobernador explicó que hay 500 policías presos por presunto exceso de poder. Esto impide que los oficiales estén dispuestos a arriesgar su vida al entrar a la prisión cuando haya motines. Pues si abren fuego contra reos que estén generando violencia podrían ser privados de su libertad.
Un operativo eficiente amerita una proporción de dos a uno. Eso implicaría dos policías por cada recluso y no es posible en estos momentos. Pues hay 8000 reos en la Penitenciaría del Litoral y solo 3000 policías en todo Guayaquil. De modo que no existe la fuerza policial necesaria, además que usar a todos los efectivos para un operativo dejaría desprotegida al resto de la ciudad.
Un operativo efectivo en esta cárcel ecuatoriana ameritaría entonces la actuación de 16000 policías. Por tal motivo, el Gobierno solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero la Corte Constitucional lo impidió, apelando a la Constitución de Montecristi, creada también bajo el socialismo del siglo XXI.
Datos oficiales indican que de los 8000 reclusos en la penitenciaría 3000 son extranjeros. Este grupo está compuesto mayoritariamente por colombianos y venezolanos, pero las leyes impiden su repatriación. Asimismo, el hacinamiento es uno de los principales agravantes. No obstante, las autoridades requieren la aprobación de los reclusos para su traslado. También están pendientes más de 1000 indultos, ante los cuales el gobernador exalta la importancia de la función de los jueces que han liberado a líderes de redes criminales (como los choneros) mientras esperan por su liberación otros detenidos sin sentencia y muchas veces sin causa legítima para su detención.
Vale destacar que la Corte Constitucional tiene una mayoría de cinco jueces progresistas que están aprobando medidas que profundizan esta ideología dentro del sistema judicial contra cuatro más “conservadores” que resguardan una Carta Magna funcional al sistema político económico antes mencionado.
El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, también intervino en una rueda de prensa posterior y las reacciones se hicieron sentir de inmediato. La población exige un alto a la tibieza, actuar de inmediato, derogar las leyes correístas e incluso cambiar la Constitución creada bajo dicho régimen, ya que por su carácter socialista deja en la indefensión a la población civil.