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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó ante el Senado una solicitud de juicio político para el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien ha perseguido sistemáticamente a los simpatizantes del mandatario, removiendo incluso la inmunidad parlamentaria de dos diputados.
«Todos conocen las consecuencias, internas y externas, de una ruptura institucional, que no provocamos ni queremos», escribió Bolsonaro. “Desde hace mucho tiempo, los magistrados Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, han ido más allá de los límites constitucionales con sus actos”, prosiguió.
– Protocolada no Senado denúncia contra o Ministro Alexandre de Moraes do STF, com pedido de destituição do cargo.https://t.co/1hJYml0KlV
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 20, 2021
El abuso de poder por parte del magistrado de Moraes se puede evidenciar en la sentencia emitida el viernes 20 de agosto, en la que ordenó registrar e incautar bienes del cantante Sérgio Reis y el diputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ).
Reis y otros ocho investigados por la Policía Federal tienen prohibido acercarse a la Praça dos Três Poderes y a los ministros supremos y senadores, en respuesta a una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) que investiga la incitación a actos violentos y amenazas contra la democracia.
La persecución política es una realidad diaria en Brasil. El equivalente local a la Corte Suprema se ha convertido en lo que Bolsonaro llama «la dictadura de la toga».
«Actos antidemocráticos» es la acusación que pesa contra quien se atreva a defender al presidente públicamente. Por más de un año entero, la activista provida Sara Winter estuvo bajo prisión domiciliaria con un grillete en su tobillo, sin sentencia, por apoyar públicamente a Bolsonaro.
El caso más grave a la integridad personal ocurrió recientemente con el periodista Oswaldo Eustaquio, quien amaneció parapléjico en su celda, tras ser arrestado. Fue llevado al hospital esposado en una camilla, como un delincuente.
La gota que derramó el vaso e impulsó al presidente Bolsonaro a iniciar la solicitud de juicio contra el magistrado fue la detención de Roberto Jefferson, presidente nacional del Partido Laborista Brasileño (Partido Trabalhista Brasileiro, PTB).
El PTB culpa de la detención arbitraria de su líder a Alexandre de Moraes, ministro de STF. #RugidodeLiberdade es la consigna con la cual el partido ha emprendido en redes sociales y ante organismos internacionales una campaña para exigir la libertad del líder político.
“El acto demuestra, una vez más, el intento de censurar al presidente (Roberto Jefferson), impidiéndole ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión a través de las redes sociales”, escribió el PBT.
Bolsonaro no tiene actualmente partido propio. Con la detención de Jefferson perdió a su aliado más fuerte. A un año de las elecciones presidenciales, se quedó sin la plataforma con la que contaba para la campaña a la reelección. Por tal motivo, el presidente decidió exponer el papel político que está asumiendo la justicia para perseguirlo y ponerle obstáculos a sus aspiraciones.
Del total de 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal, solo uno ha sido elegido por el presidente Bolsonaro, los demás están al servicio de la izquierda. Siete responden al PT, el Partido de los Trabajadores, organización política funcional al Foro de Sao Paulo. Estos magistrados permitieron no solo la liberación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva sino también le restituyeron los «derechos políticos». Ahora, gracias a la máxima corte, el exmandatario, que estuvo preso tras recibir sentencia por dos casos de corrupción, podrá ser candidato a la Presidencia de la República.
Y luego de haber habilitado a Lula para que tenga la posibilidad de volver a la Presidencia, el Supremo Tribunal Federal exige al Senado abrir un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro. El partidismo dentro del sistema judicial es explícito y el mandatario brasileño apela al Poder Legislativo para buscar poner fin a la persecución desatada desde la más alta corte que ha dejado ver sus intereses claramente políticos.
El máximo tribunal de justicia en el país no solo ha cercenado la libertad de expresión a los simpatizantes del presidente, sino también les ha restringido el acceso a sus cuentas bancarias, al internet y ha condenado, incluso sin sentencia, a prisión y arresto domiciliario a estos, atentando contra la Constitución, al violar además la inmunidad parlamentaria de los legisladores.
