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La gestión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha caracterizado por gobernar por medio de decretos ejecutivos. O sea, mediante la obligatoriedad, en lugar de la voluntad. Eso incluye exigir a médicos operar en contra de su conciencia. Sin embargo, una corte de Texas se plantó a este dictamen
El juez Reed O’Connor del Tribunal de Distrito Norte de Texas, División de Wichita Falls, otorgó «una orden judicial permanente» a los demandantes cristianos para «estar exentos del requisito del gobierno de realizar abortos y procedimientos de transición de género», informó The Free Press.
“El fallo de hoy protege a los pacientes, se alinea con la investigación médica actual y garantiza que los médicos no se vean obligados a violar sus creencias religiosas y su juicio médico, una victoria para el sentido común, la conciencia y la medicina sólida”, vicepresidente y asesor principal de Becket Fund por la Libertad Religiosa, dijo el lunes 9 de agosto, Luke Goodrich.
Más de 20000 profesionales se verían beneficiados por esta medida, además de los empleados de un hospital religioso, señaló Goodrich.
These circuits have all reached the same conclusion: “There is no medical consensus that sex reassignment surgery is a necessary or even effective treatment for gender dysphoria.” Gibson v. Collier, 920 F.3d 212, 223 (5th Cir. 2019). https://t.co/dbhecVykuf 8/
— Luke Goodrich (@LukeWGoodrich) August 9, 2021
Lo más importante del fallo prohíbe es que no es temporal, aplica permanentemente. No le permite al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, «interpretar o hacer cumplir» la ley «de una manera que requiera que realicen o proporcionen cobertura de seguro para procedimientos de transición de género o abortos, incluso negando la asistencia financiera federal debido a su no realizar o proporcionar cobertura de seguro para dichos procedimientos o al perseguir, cobrar o evaluar cualquier sanción, multa, tasación, investigación u otras acciones de ejecución».
A través de redes sociales Goodrich compartió los fallos y documentos donde todos estos circuitos han llegado a la misma conclusión: «No existe un consenso médico de que la cirugía de reasignación de sexo sea un tratamiento necesario o incluso eficaz para la disforia de género».
También hizo eco de lo sucedido en el Reino Unido, donde una mujer denunció al sistema de salud pública por las cirugías y tratamientos que modificaron su aspecto de manera irreversible. Según relató Newsweek, Keira Bell era menor de edad fue convencida que era trans y comenzó un tratamiento de reasignación de sexo. Le amputaron ambos senos y recibió hormonas que bloquearon su desarrollo como mujer.
Ahora, con 23 años, señala que tratamientos como este abordan el problema de la identidad como una cuestión externa, relacionados con el aspecto de la persona, cuando la raíz es en verdad interna, ligado a sus emociones y la aceptación de sí misma.
«No había nada malo en mi cuerpo, simplemente estaba perdida y sin el apoyo adecuado», le dijo recientemente a Tribuna Feminista. «La transición me dio la posibilidad de esconderme de mí mismo incluso más que antes. Fue una solución temporal, si acaso».
And a landmark ruling from the British High Court late last year said that “puberty blockers” were experimental and that children under 16 likely couldn’t give informed consent to them: https://t.co/dS9otq6Hsp 10/
— Luke Goodrich (@LukeWGoodrich) August 9, 2021
Biden ha eliminado sistemáticamente todas las leyes y reformas de su predecesor, Donald Trump, entre ellas ha promovido la participación de personas trans en deportes femeninos, lo cual ha sido combatido por gobernadores conservadores que buscan proteger a las mujeres de las lesiones causadas por competir con varones y también para promover el acceso a deportes de élite y becas universitarias.
Vale mencionar que Biden fue vicepresidente de Barack Obama y esta tendencia fue pautada durante su administración conjunta. Emitieron un mandato en 2016 que requiere que los médicos y hospitales brinden cirugías para personas transgénero con la remisión de un profesional de la salud mental. El mandato transgénero, una interpretación de la cláusula de no discriminación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, no incluía exenciones de conciencia o religión.
Ya desde entonces una asociación de más de 19000 profesionales de la salud, varias organizaciones religiosas y nueve estados impugnaron el mandato en dos tribunales diferentes, según un sitio web sobre el mandato dirigido por Becket.
Y un tribunal de la División Este de Dakota del Norte anuló el mandato en 2021, dictaminando que el gobierno “no puede obligar a los médicos y hospitales religiosos a realizar procedimientos de transición de género en violación de su conciencia y juicio médico profesional”.
Pero la administración Biden insistió en obligar a los profesionales y en abril de este año apeló el fallo más reciente de Dakota del Norte. En esta ocasión, el secretario de salud, Becerra, enfrentó a las Hermanas de la Misericordia y la Asociación de Beneficios Católicos. Por segunda vez, Becerra se metió en una disputa legal contra una orden de monjas.
Today’s decision rightly says the mandate violates federal law. This is now the second federal court to block the mandate. The Biden Admin appealed the other decision (also a @BECKETlaw case) to the 8th Circuit: https://t.co/CffRjRFZO4 5/
— Luke Goodrich (@LukeWGoodrich) August 9, 2021
En palabras del senador Tom Cotton: En medio de una pandemia mundial, los estadounidenses esperarían que la Casa Blanca nominara a alguien con experiencia en salud pública o experiencia en virología o vacunas para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
En cambio, el presidente Biden nominó al fiscal general de California, Xavier Becerra, cuya experiencia en el cuidado de la salud más notable involucra cierres inconstitucionales y una demanda de años contra las Hermanitas de los Pobres. Esta orden de monjas católicas, que pasan su vida cuidando a los ancianos pobres, buscó una exención del mandato anticonceptivo de Obamacare en los tribunales durante años, hasta que el gobierno federal otorgó una exención en 2017. Becerra luchó contra esta exención en los tribunales durante los siguientes tres años.
Por ello, el reciente fallo a favor de la libertad religiosa y el libre albedrío de los médicos que eligen no ser parte de cirugías que causan modificaciones permanentes en los cuerpos de sus pacientes, es un logro político tan importante. Pues frena a la ideologización de la justicia. Es por ello que quienes todavía quieran someterse a dichos procedimientos tendrán la libertad de hacerlo con médicos dispuestos.
