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En la madrugada del jueves 11 de marzo fue allanada la vivienda del alcalde de Quito por posibles irregularidades en la contratación de pruebas para detectar COVID-19. Dio la orden el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya.
Aunque las diligencias realizadas durante la madrugada se dieron por solicitud del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán es el fiscal a cargo del caso.
En medio de la pandemia que ha paralizado el mundo y ha afectado sobre todo la economía de las naciones más pobres, el alcalde de la capital del Ecuador se habría beneficiado de esta situación.
Para constatarlo, la Fiscalía ordenó allanar la casa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, como parte de la investigación por el delito de peculado.
Desde el 19 de febrero, el alcalde de Quito porta un grillete electrónico mientras dura la investigación.
Sumado a la indagación inicial, habría ocurrido la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.
Esto sucedió en menos de doce horas después de que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dio su versión en la Fiscalía. En caso de comprobarse la veracidad, pesaría esta causa también en su contra.
Duró más de hora y media la declaración de Yunda el miércoles 10 de marzo ante la Fiscalía. Allí habló de los chats que serían parte del expediente.
Mediante redes sociales, el alcalde de Quito y sus simpatizantes alegaron que se trataba de una persecución ideológica.
Y muchos celebraron que pronto terminará. Pues aspiran a que se consolide en las urnas el socialismo del siglo XXI en el poder, lo que garantizaría la impunidad de Rafael Correa y sus aliados.
Yunda forma parte de Alianza País, partido que nació con Rafael Correa.
VIP very important priostes. https://t.co/WPJntLTemP
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) March 12, 2021
El 18 de marzo de 2021 concluyen los 120 días de instrucción fiscal de esta causa penal (comenzó el 13 de noviembre de 2020).
Siete personas están vinculadas: el exsecretario de Salud del municipio capitalino, Lenín Mantilla, y Juan Vinelli, ligado a la empresa con quien la Secretaría del municipio de Quito contrató las pruebas cuestionadas por una supuesta baja sensibilidad.
En total, hay 14 procesados en esta causa, incluyendo a la actual secretaria de Salud del municipio de Quito, Ximena Abarca; y la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán.
Durante la década del correísmo en el poder, la justicia estaba intervenida. Por lo cual ahora está procediendo para quitar la impunidad a los aliados de dicho periodo.
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