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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil votó por amplia mayoría a favor de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19.
Totalmente enfrentada a la gestión del presidente Jair Bolsonaro, que apuntó no a la imposición sino a la concientización, el poder judicial permitirá a los estados y municipios imponer sanciones para quien no se vacuna.
El fallo del alto tribunal no permite vacunar por la fuerza. Sin embargo, le da el poder a los gobiernos locales para castigar a quienes no lo hacen.
«La dictadura de la toga»
Diez de los 11 magistrados a cargo del Tribunal Supremo Federal votaron a favor de esta imposición. Por decisiones como esta se han ganado el apodo de “la dictadura de la toga”, por la vestimenta de los magistrados y jueces.
Desde el oficialismo se ha convertido en un término popular por causa de la persecución política e ideológica contra los partidarios de gobierno, pues el más alto tribunal ha censurado en internet, allanado e incluso arrestado a varios de los simpatizantes más vocales del presidente Bolsonaro.
A mediados de julio fueron bloqueados los perfiles del presidente del Partido Laborista Brasileño, Roberto Jefferson, de los empresarios Luciano Hang, Edgard Corona, Otávio Fakhoury y Bernardo Küster, el periodista Allan dos Santos (que tuvo que escapar del país por causa de la persecución); la activista provida Sara Winter (Giromini) y Edson Salomão, asesor de un representante estatal para Sao Paulo.
«La Corte Suprema ha prohibido las cuentas de periodistas y activistas conservadores de Twitter porque critican a sus 11 jueces», dijo Bernardo Kuster, director de opinión del sitio web Brasil Sem Medo.
«Apoyar al presidente de la República, Jair Bolsonaro, es un crimen», declaró Sara Winter desde la superintendencia de la Policía Federal (PF) de Brasilia donde estuvo detenida en junio (y ahora permanece en libertad con una pulsera de rastreo).
La «justicia» brasilera está enfrentada a Bolsonaro
La ideologización de la justicia brasilera va de la mano con su enfrentamiento al poder ejecutivo.
Cuando en mayo del 2020 el presidente de Brasil ordenó la expulsión de 30 diplomáticos del cuerpo consular de Venezuela alineados a la dictadura de Nicolás Maduro, fue impedido por un juez de la Corte Suprema que emitió un mandamiento el sábado 2 de mayo para suspender la decisión por 10 días.
De modo que no solo persigue a los partidarios del presidente, sino que también anula sus decisiones.
El ministro de Salud del país más grande de Sudamérica, Eduardo Pazuello, anunció que la voluntad del presidente Jair Bolsonaro era no imponer la vacunación. Con la frontalidad (y crudeza) que lo caracteriza, Bolsonaro dijo en redes sociales que en su casa las vacunas son sólo obligatorias para el perro.
El presidente, y varios miembros de su familia, contrajeron el COVID-19. Todos se recuperaron sin problemas.
Brasil es uno de los países con más contagios en el mundo. No obstante, en proporción a su población el número no es tan alto. Con más de 213 millones de habitantes, 7,1 millones de brasileros se han contagiado, de los cuales más de 6,1 millones se han recuperado. Hasta ahora, 185 000 personas han fallecido por el virus.
Los contagiados rondan el 3 % de la población total, cercano al promedio mundial.
Es «flagrantemente inconstitucional» la vacuna obligatoria
En un útil llamado a la desobediencia civil, el diputado Luiz Braganca, dijo en redes sociales: «No sorprende la decisión del STF sobre la vacuna obligatoria. Lo que todavía puede sorprender será la reacción de la sociedad; tanto por la pasividad en aceptar la obligación como por la conciencia en resistir».
Não há surpresa na decisão do STF sobre a obrigatoriedade da vacina. O que ainda pode gerar surpresa será a reação da sociedade; tanto pela passividade em aceitar a obrigatoriedade quanto pela consciência em resistir.
— Luiz P. O. Bragança (@lpbragancabr) December 17, 2020
Aunque reconoce que la vacunación forzada es “flagrantemente inconstitucional”, el juez instructor del caso en la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, alegó que «la salud colectiva no puede ser perjudicada por personas que deliberadamente rechazan ser vacunadas».
Solo el juez nombrado por el presidente Bolsonaro votó en contra. El juez Kassio Nunes Marques sostuvo que la vacunación obligatoria debería ser la «última medida de combate» contra la crisis sanitaria y una vez «agotadas todas las formas menos gravosas de intervención».
Ahora es potestad de los gobiernos locales determinar cómo impondrán o no la vacuna sobre la población, contrario a la voluntad del presidente.
Comúnmente los detractores de Bolsonaro lo han llamado dictador y hasta fascista. Sin embargo, él apuntó en todo momento a darle al ciudadano la autonomía sobre su cuerpo.
Al contrario, ha sido la llamada «dictadura de la toga», enfrentada a Bolsonaro, la que fue en contra de la Constitución para forzar la vacuna.
