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Hace pocos días, el Vaticano aprobó la beatificación de 127 nuevos mártires, tras haber sido asesinados por su fe en el marco de la guerra civil española.
Uno de ellos era Rafael Contreras Leva, asesinado a hachazos por las fuerzas republicanas, solo por ser sacerdote.
El crucifijo que portaba al momento de morir fue presentado ante el Congreso español por su sobrino nieto, el diputado de VOX, Francisco Contreras (autor del libro Una defensa del liberalismo conservador).
Contreras reclama que el gobierno de coalición socialista-comunista busca imponer un relato oficial y sacar ventaja de los muertos para conseguir votos.
El diputado exigió recordar a los muertos no como nacionales o republicanos sino como españoles.
Además, reprochó el exorbitante gasto de las políticas de memoria histórica: 11 millones de euros, en medio de una economía paralizada por el coronavirus.
Exclamó poner fin a la jerarquización de las muertes, donde los republicanos son caricaturizados como los buenos, cuando en realidad tienen un historial sangriento y tiránico.
«En España, las ‘leyes de Memoria’ distorsionan la historia presentando a la Segunda República como una maravillosa democracia liberal y al levantamiento derechista de 1936 como un ‘golpe militar fascista’, una conspiración de generalotes, obispos y terratenientes contra ‘el pueblo demócrata’. En realidad, la Segunda República exhibió rasgos antidemocráticos desde el principio (Ley de Defensa de la República que atribuía al Gobierno la competencia para cerrar periódicos, censurar noticias, desterrar sin juicio previo; limitaciones constitucionales de la libertad de pensamiento y de educación: cierre de colegios católicos, expulsión de órdenes religiosas, etc.; inhibición gubernamental frente a los ataques a conventos y templos) y, sobre todo, fue llevada al fracaso por la intolerancia de una izquierda cada vez más tentada por el bolchevismo (por ejemplo, al levantarse en armas en 1934 contra el Gobierno de derechas salido de elecciones libres, o al falsear muchas actas electorales en las elecciones de 1936). En cuanto al levantamiento de 1936, opuso a medio pueblo contra el otro medio y a medio ejército contra el otro medio (no a ‘los privilegiados contra el pueblo’)», explicó Contreras en entrevista con PanAm Post.
¿Cuál es el mayor peligro de tener una ley que imponga una visión sesgada de la historia?
Un Estado que impone una determinada visión de la historia está asumiendo rasgos totalitarios, de Ministerio de la Verdad orwelliano. En los países libres, el poder político deja la historia a los historiadores; en los países libres, los ciudadanos tienen derecho a documentarse sobre el pasado según su propia inspiración, y llegar a sus propias conclusiones.
Si, además, la “verdad histórica oficial” resulta ser tendenciosa y maniquea –como es el caso de las leyes españolas de “memoria democrática”– el daño es doble: no sólo se está limitando la libertad de la gente para interpretar la historia, sino que además se les está enfrentando y engañando.
¿Qué representa el acto de elevar un crucifijo en pleno Congreso?
Representa la visibilización de decenas de miles de víctimas a las que la “versión oficial” impuesta por las «leyes de Memoria» pretende borrar de la historia. Durante la guerra civil española, ambos bandos cometieron crímenes muy graves contra civiles inocentes. Las «leyes de Memoria» presentan las cosas como si sólo el bando de Franco hubiese llevado a cabo ejecuciones. En realidad, en la retaguardia republicana fueron asesinadas unas 60000 personas, a menudo en formas horribles. Su único delito era su fe religiosa, o sus convicciones políticas conservadoras, o la pertenencia al “enemigo de clase” (propietarios, profesionales liberales, etc.).
Enseñar una cruz en el Congreso también sirve como gesto de reivindicación del derecho de los cristianos a participar en la vida pública. Los cristianos han sido expulsados del debate público con el pseudo-argumento de que “no deben imponer sus creencias a los demás” y que “no hay que mezclar la religión con la política”. ¿Acaso los que dicen eso no tienen sus propias creencias –ateas, socialistas, progresistas, etc.– y se reservan el derecho a intentar aplicarlas a la política y las leyes? Al tópico de “no mezclar la religión con la política” subyace el prejuicio laicista según el cual las creencias cristianas son una superstición irracional (que uno puede cultivar en la esfera privada, pero en ningún caso proyectar a la pública), mientras que las creencias ateas son objetivas, científicas y racionales. Al expulsar al cristiano de la plaza pública, el ateo se está atribuyendo arrogantemente el monopolio de la racionalidad, y tratando a los creyentes como ciudadanos de segunda. Eso debe terminar.
¿Cuál es la funcionalidad política e ideológica de una ley de memoria histórica?
Las “leyes de memoria” sirven a la izquierda para grabar a fuego en las mentes de los ciudadanos la ecuación según la cual «derecha» equivale a fascismo y represión, e «izquierda» a democracia y libertad. Esperan que esa ecuación les ayudará a demonizar a la derecha, eternizándose así en el poder. Como dije en el Congreso, “pretenden ganar votos en 2020 con los muertos de 1936”. Todo ello es liberticida e indigno, además de peligroso. En lugar de asegurar la reconciliación de las dos Españas, pretenden resucitarlas y volver a enfrentarlas, atribuyéndose ellos el papel de “los buenos”.
Históricamente el rechazo al comunismo venía de la mano de su persecución religiosa. ¿Cómo afirmaría la importancia de rescatar esa idea (ahora perdida entre la mayoría de los defensores de la libertad)?
Por supuesto, allí donde triunfó el comunismo, los creyentes fueron perseguidos, el clero exterminado o maniatado, las iglesias destruidas o convertidas en museos… Ocurrió en la URSS, en China, en Albania, en todas partes (Polonia fue una relativa excepción por la potencia extraordinaria de su Iglesia). Ocurrió, ciertamente, en la media España republicana (la que las leyes de Memoria pretenden presentar como “democráticas”). Durante la guerra civil, 6800 sacerdotes y monjas fueron asesinados (junto a un número incalculable de seglares) y miles de iglesias destruidas. En la diócesis de Barbastro fue asesinado el 88 % del clero. En declaraciones a La Vanguardia, en agosto de 1936, el troskista Andreu Nin (después asesinado por estalinistas) se jactaba de que en la provincia de Tarragona no había quedado una iglesia en pie.
¿Qué mensaje le daría a los hispanoamericanos sobre la importancia de resistir a estas medidas?
Diría a los hispanoamericanos que se pongan en guardia frente a un adoctrinamiento histórico parecido al español, pues me temo que la izquierda es parecida en todas partes. En Hispanoamérica, el adoctrinamiento opera quizás más bien en un sentido “leyendanegrista”, execrando la etapa colonial y la cristianización. Les recomendaría que se documenten por sí mismos y no se dejen enseñar historia por los políticos.
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