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Las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en las calles de Nicaragua están por cumplir dos años. Lejos de llegar a su fin, el mismo Gobierno que allanó y cerró medios de comunicación ahora tendrá el poder legal de censurar Internet.
«Las autoridades ahora estarían con la potestad de incautar equipos donde se puedan almacenar datos (celulares, computadoras y memorias). También la Policía Nacional tendrá la capacidad de intervenir las comunicaciones y creo que este instrumento jurídico podría estar utilizado políticamente”, explicó el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales.
Los países que han adoptado el socialismo han visto a sus parlamentos convertidos en «asambleas», palabra que traducida al ruso se dice «soviet». Al igual que en la Unión Soviética, en lugar de reducir el poder del Estado al dividir los poderes en tres, el ala legislativa queda bajo el mando del Ejecutivo y por tanto agranda su control sobre la población civil.
La Asamblea Nacional de Nicaragua así lo demuestra. En la última semana de febrero del 2020 adoptó el “Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia”. Según la oposición, esto será usado para controlar a los usuarios de Internet en Nicaragua.
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Según el Gobierno Ortega, con la firma de este convenio se busca desarticular el crimen organizado que opera a través de Internet. «Esta no es una ley que surge en Nicaragua, es un convenio internacional para combatir los ciberdelitos porque en la actualidad el crimen organizado está operando a través de lo virtual”, asegura el diputado sandinista Carlos Emilio López.
Nicaragua firmó este convenio el 28 de mayo de 2014, pero solo hasta ahora fue ratificado por la Asamblea Nacional, sin el respaldo de la oposición. E incluso desde la sociedad civil existen denuncias de que el mismo método propuesto en Nicaragua surgió en Venezuela.
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Los opositores a la dictadura Ortega afirman que no sería la primera vez que el régimen vulnera los derechos de los nicaragüenses por medio de mecanismos internacionales bajo la discrecionalidad del Estado como en este caso.
El convenio permite explícitamente perseguir, investigar y sancionar los «delitos cibernéticos» de conformidad con los códigos penales de cada país. Darle ese poder a un gobierno que ha negado más de la mitad de los muertos en las protestas despierta alarma entre los opositores, pues es la dictadura Ortega la que ahora determinará qué tipo de delitos son susceptibles de censura y persecución.
Ortega persigue a la prensa impresa, ahora podrá hacerlo con la digital
El régimen de Ortega ya lo hizo con la prensa impresa. Durante meses, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) secuestró la materia prima necesaria para la impresión de los periódicos. Dada la intimidación que sufren por parte de fuerzas afines a la dictadura, más de medio centenar de periodistas se exilió por exponer los atropellos del exguerrillero devenido en presidente.
Entre los más de 300 muertos que el régimen niega como víctimas de la represión, está el periodista Ángel Gahona López, asesinado de un tiro certero mientras hacía un reportaje en vivo sobre las protestas contra la dictadura Ortega.
Aunque las autoridades acusaron a dos jóvenes afrodescendientes como autores de su muerte e intento de homicidio contra el policía Anselmo Rodríguez, quien resultó herido en el tiroteo, varios testigos y familiares de los acusados, Brandon Lovo Taylor y Glen Slate, afirman que son inocentes. Los moradores de la zona, Bluefields, un poblado autónomo de elevada población negra, afirman que la muerte de Gahona López fue obra de un francotirador y acusan al Gobierno de haberlo asesinado con el objetivo de silenciar a la prensa.
Hasta octubre del 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 328 muertos y 88 mil exiliados como resultado de la represión de las marchas contra el régimen. Sin embargo, Ortega ha reconocido apenas 199 muertos, alegando que la mayoría de ellos son víctimas de agresiones por parte de los manifestantes, y no al revés como afirman organizaciones de derechos humanos.
Es debido al historial represor y censurador de Ortega que la oposición no confía en darle a un régimen como el sandinista el poder de controlar el Internet, pues hasta ahora ha demostrado que lo que menos quiere en Nicaragua es libertad de expresión.
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