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El Ministro de Interior de Bolivia, Arturo Murillo, presentó ante la Fiscalía una petición para investigar los vínculos económicos entre el futuro vicepresidente de España, Pablo Iglesias y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, cuyos fondos están bajo sospecha de tener nexos con el narcotráfico.
A su vez, el ministro denuncia que el ingreso a la Embajada de México en Bolivia por parte de agentes españoles encapuchados tuvo un fin claro: «sacar del país al financiador de Podemos», partido al que llama de «ultraizquierda».
«Los comunistas lloran, pero no tienen sentimientos; lloran, pero matan; hablan en nombre del pueblo, pero le roban. Es una lacra esta gente. Y lamentablemente en muchos países esta lacra ha tenido éxito. Nosotros, los bolivianos, los hemos echado. Pero los venezolanos, hasta ahora no han podido echarlos. En Cuba llevan 60 años con ellos. Espero que los hermanos españoles puedan darse cuenta de a quién están poniendo como vicepresidente. Sería muy triste que perdieran sus libertades. Aquí, en Bolivia vamos a investigar a Podemos porque nos interesa mucho el nexo que ha tenido con el gobierno de Evo Morales y los recursos que se han llevado de este país», dijo Arturo Murillo.
Y es que con el Partido Socialista Obrero Español en el poder, Pedro Sánchez dispuso que Pablo Iglesias —quien deberá presentarse ante la justicia boliviana— sería su binomio (todavía no se ha confirmado).
Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Iñigo Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón serán investigados
“La Fiscalía General ha enviado una nota a la Cancillería para que, por vía diplomática, comunique a las autoridades españolas la remisión de un informe oficial señalando las identidades de estas personas, con qué pasaporte ingresaron a territorio boliviano, qué autoridad solicitó la presencia de este grupo especializado y sobre todo el motivo por el cual se hizo presente este grupo del GEO en nuestro país”, anunció el fiscal Lanchipa.
La Fiscalía de Bolivia va a investigar a los referentes principales de Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Iñigo Errejón, al igual que al exprimer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido facilitador del ideario bolivariano, y al juez Baltasar Garzón, quienes deberán explicar lo sucedido el 27 de diciembre de 2019, cuando agentes de seguridad española irrumpieron en la Embajada de México en Bolivia.
Ya que se trata de temas de seguridad de Estado, Murillo declaró en entrevista con la plataforma digital española Ok Diario, que la Fiscalía tiene la aprobación del Ministerio de Gobierno para convocarlos.
Ministro boliviano denuncia que el gobierno español mandó a fuerzas de seguridad encapuchadas para silenciar al financista de Podemos
En dicha entrevista explicó que Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de la Presidencia de Bolivia en los tres mandatos de Evo Morales, amenazó con hablar si no le ayudaban a salir del país.
«Quintana conoce demasiado de la financiación de Pablo Iglesias y del partido de ultraizquierda español Podemos», exclamó.
El exministro boliviano está asilado en la embajada mexicana, junto al menos otros ocho exministros de Evo Morales. Pesa en su contra la acusación de sedición y terrorismo, por parte del gobierno de Jeanine Áñez.
Pero sus problemas con la justicia datan desde antes. Como ministro fue acusado de tener vínculos con la narcotraficante Mayerling Castedo, funcionaria del partido Movimiento Al Socialismo, dedicada al tráfico de drogas.
Durante el gobierno de Evo Morales la división de poderes se vio anulada, al punto que logró que se declare como «derecho humano» la reelección, pasando por encima de la Constitución y el voto popular que en plebiscito dijo no.
Sin la justicia bajo el control de Morales, existe la posibilidad de demostrar el vínculo económico entre Podemos y Evo, y por tanto al narcotráfico. Eso lo definirá la evidencia, que ahora incluirá los testimonios de los exministros que no pudieron ser evacuados por agentes españoles.
Mientras que en España, el PP y Vox exigen al gobierno de coalición de PSOE y Podemos que explique a los ciudadanos el uso de sus impuestos para violar la soberanía de los bolivianos.
