Chile era el país más próspero de la región, con la menor pobreza (8,36 %), el sueldo mínimo más alto y la mayor posibilidad de ascenso social. Pero las protestas desatadas en octubre pusieron de manifiesto que hay un anhelo no por vivir mejor, sino en igualdad, así implique vivir en la pobreza. Para lograrlo, los manifestantes consiguieron un plebiscito que podría cambiar la Constitución para así instaurar una de “derechos sociales”.
Dicho por el segundo hombre más poderoso del régimen socialista de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, lo que buscan los chilenos es algo que “ya nos dio el presidente Hugo Chávez en Venezuela”, donde se ha logrado la mayor igualdad en la región: el 87 % de la población vive en la pobreza.
Los manifestantes chilenos anuncian que debe llegar el fin del Estado de derecho, como garante de derechos y libertades, que alegan tiene un rol secundario y convertirse en un Estado de derechos, un proveedor de servicios, es decir, suplir el rol del mercado.
Decrecimiento económico en Chile llegó a su peor punto bajo Bachelet, quien agrandó el Estado 50 %
Los datos muestran que la desaceleración de la producción de riqueza no se debe a la falta de Estado, sino a su exceso. Así lo señaló Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile, “El tamaño del Estado ha crecido prácticamente un 50 % en la última década, década y media y los servicios son cada vez peores. Estos impuestos no solo los pagan en buena medida la gente de mayor ingresos, también las personas de clase media y los que tienen menores ingresos, para recibir a cambio servicios públicos deficientes por decirlo suave”.
PanAm Post consultó sobre este tema a Andrés Barrientos, cofundador del reconocido centro de estudio liberal Ciudadano Austral, Chile, quien afirmó que “Tras dos años de gobierno de centro-derecha, no se ha logrado las mayorías ni los consensos para avanzar en modernización, digitalización del Estado, flexibilidad laboral, atención al 40 % de informalidad en el trabajo, preocupación por la pobreza, entre otros. Para ello, en el escenario actual solo se lograría activar estas reformas estructurales mediante cambios en la forma de hacer política, con nuevos actores en la escena pública, y en atreverse a permear culturalmente sobre las ideas de la libertad que conllevan prosperidad, y en esto no ha habido valentía de parte de los políticos para abordarlo con responsabilidad para dar soluciones a las inquietudes que aquejan a los chilenos”.
¿Cómo estaba la economía chilena antes de las movilizaciones?
Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet estuvimos cuatro años en el peor lugar de crecimiento económico de los países de la Alianza del Pacífico. Donde hubo una reforma tributaria agresiva con alza de impuestos, votada en conjunto con parte de la centroderecha local. Lo anterior, sumado a factores externos explica que la economía chilena ha tenido un proceso de estancamiento, que incluso el Banco Mundial revela en el Informe del Doing Business que Chile llegó al puesto 59 de 115 países previo a la crisis política, en contraste al puesto 29 que sostuvo en el 2005.
Lo preocupante es que en la actualidad, el factor de estabilidad política del cual nos jactábamos durante décadas ha sido quebrado por la violencia suscitada a partir del 18 de octubre del presente año. Escenario de incertidumbre, que por supuesto tendría impacto en la inversión, dado que el 26 de abril de 2020 se llevará a cabo un plebiscito para una nueva Constitución, que en el caso de que gane el sí, se convocará una Asamblea Constituyente, historia que ya conocemos bastante en América Latina con nuestras constituciones desechables, en palabras de Niall Ferguson.
¿Cómo está la economía luego de las movilizaciones?
En una palabra, preocupante. Los más afectados son las personas más pobres y todos aquellos que tienen pequeñas y medianas empresas (pymes). Como ya hemos visto en este proceso inicial de guerra subversiva, o revolución molecular en curso para ser más precisos, los grupos insurreccionales han establecido cierta norma para continuar con algunos puntos focales de saqueos y desórdenes públicos amparados por políticos de las izquierdas chilenas. En cifras se registran más de ciento cuarenta mil desvinculaciones laborales (desempleados), siendo el sector de la construcción uno de los más afectados. Como señalé en un podcast hace unas semanas, se registran más de veinte mil pymes que se declararían en quiebra, y las ventas del comercio minorista, muy importantes en Chile, registran solo en Santiago una baja significativa de un 18,5 %.
Para ver en perspectiva, recordemos que el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, a inicios de octubre de 2019 señaló que el crecimiento económico chileno en el año 2020 estaría entre el 3,0 y un 3,5 %. Hoy, el escenario es mucho más preocupante, cuando el mismo Banco Central proyecta un crecimiento entre el 0,5 y 1,5 % para el próximo año, e indica un incremento probable del desempleo por sobre el 10 % para el 2020, sumado a que Chile tendrá su mayor déficit fiscal de los últimos treinta años en 2020, debido a que el gasto público aumentará un 9,8 %.
Por otro lado, hay un descontento en sectores de la derecha local, el surgimiento de nuevos think tanks y activistas políticos chilenos, desde el mundo de las redes sociales y de las comunicaciones (y que no necesariamente vienen de las élites tradicionales), debido a que no se han defendido las ideas de la libertad y la prosperidad con valentía, con propuestas que guíen hacia esa dirección. Eso probablemente es una luz de esperanza para que nuevas generaciones tengan el coraje de hacer reformas en la vía correcta en sintonía con las personas y con los métodos o mecanismos que han adoptado las naciones más prósperas del planeta.
¿Cómo podrían afectar los reclamos a la prosperidad y el futuro chileno?, ¿qué experiencias han dejado los cambios constitucionales y las medidas que exigen los manifestantes?
Lo más preocupante, a mi juicio, fue ver que los grupos anarquistas y los movimientos subversivos en las calles ya el día 19 de octubre habían rayado todo Chile con “Nueva Constitución” y “Asamblea Constituyente”, sumado a rayados pidiendo la renuncia del presidente, sobre todo en lugares donde las élites del país no frecuentan y los medios hegemónicos silencian. Este estallido de violencia instó a una sesión especial de la Cámara de Diputados en el Congreso el 20 de octubre, y ahí los diputados de izquierda a coro invocaban y presionaban por un “Nuevo Pacto Social”, es decir, una nueva Constitución. Y es tanto el desinterés de la derecha por el ámbito de las ideas o el poder subjetivo de la política, que algunos analistas dijeron que esto no se veía venir. El intelectual de izquierda de la fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz Encina, ligado al Autonomismo del Frente Amplio, ya en 2014 vaticinaba la forma en que se debe trabajar la nueva política, señalando que “para alterar la visión de política dominante, hay que recuperar la política como proceso social; como conflicto social; como guerra social”.
En mi opinión, hay que ser honestos intelectualmente y develar que efectivamente siempre —al menos durante los últimos ocho años— la izquierda chilena ha querido derribar el modelo político, económico y social que nos sostiene hasta los días de hoy a través de una nueva Constitución. Lo vimos en campaña presidencial, lo vemos en las decenas de textos e investigación publicados y lo experimentamos a diario en las peticiones de los grupos de izquierda institucional, movimientos populares y los anarcoinsurreccionales.
El año 2020 será un año crucial para Chile, marcará el inicio de una década donde se tirarán por la borda 45 años de prosperidad, o reflejará el poder del sentido común dando un giro a la forma de entender la política en caso que gane el rechazo a una nueva Constitución. Un golpe a la hegemonía progresista como fueron los casos del Brexit, Bolsonaro, Trump o el caso del plebiscito por la paz en Colombia.
¿Qué mensaje le daría a quienes están inconformes con la realidad chilena y qué propone para mejorarla?
En primer lugar, ser responsables con lo que se pide y con las soluciones y dejar de pensar dentro de la caja. Hoy solo hemos visto soluciones a temáticas de índole económica y social mediante incremento de deuda, aumento del poder discrecional del Estado.
En Estonia los políticos se pusieron de acuerdo para digitalizar todo el Estado, para que este sea un promotor o impulsor y no una traba para los ciudadanos. Han logrado tener una deuda pública del 9,5 % del PIB junto con un flat tax del 20 %, impresionante, y a considerar, porque la calidad de vida allá es incuestionable. En Irlanda, que fue uno de los países más pobres de Europa, la desregulación ha traído prosperidad. El Impuesto a las Sociedades es de un 12,5 %, lo que ha permitido tener un incremento del PIB per cápita cercano a 70 000 dólares, y un crecimiento del PIB anual que supera el 8 %, lo que demuestra que la libertad funciona, una vez más.
En segundo lugar, si Hispanoamérica continúa en la lógica “del buen salvaje al buen revolucionario”, que nos describió muy bien Carlos Rangel, sumado a la desidia y cobardía de los políticos que no asumen su ideario inicial, tendremos revueltas e inestabilidad para rato. Y hoy, en Chile, tenemos un llamado de corto plazo, que invocamos a rechazar la nueva Constitución en el plebiscito de 2020. No podemos permitir que la violencia y las amenazas instalen a la fuerza una nueva Constitución. Por otro lado, este hito es una oportunidad para que definitivamente el sentido común aúne esfuerzos para perfeccionar nuestro país y logremos hacernos cargo de sus virtudes y deficiencias.