A raíz del tiroteo en El Paso, Texas, donde murieron al menos siete mexicanos y hay varios heridos de gravedad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instó a Estados Unidos a analizar la “venta indiscriminada de armas”. Mientras tanto, ignora cómo —bajo su Gobierno— México vive el año más violento de su historia, pese a la restricción de armas.
En comparación con el primer semestre de 2018, los asesinatos en el primer semestre del año en curso pasaron de 15 973 a 17 138, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto no solo muestra un aumento en la cifra de homicidios, también la nula efectividad de las políticas de seguridad implementadas por López Obrador.
Las políticas de posesión de armamento para civiles están denominadas como restrictivas en México, según GunPolicy.org, portal respaldado por la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas.
Pese a las restricciones, México cuenta con la segunda ciudad más violenta del mundo, Acapulco, que sigue a Caracas, Venezuela, donde las armas fueron removidas de la población civil por orden de Hugo Chávez. Pasaron de las manos de sus dueños a ser entregadas a los colectivos paramilitares fieles al socialismo.
Es decir, la restricción de armas no solo no ha demostrado ser eficiente, sino que, por el contrario, ha fomentado la indefensión, tanto del ciudadano común frente al delincuente como ante los abusos del Estado, como en el caso de Venezuela.
EE. UU. garantiza el porte de armas en caso de que el Estado se exceda en sus funciones
A Platón la frase: “las personas buenas no necesitan leyes para decirles que actúen de manera responsable, mientras que las personas malas encontrarán una forma de evitar las leyes”.Y en Venezuela se cumple. Las armas son ilegales para los ciudadanos, por lo que quedaron indefensos ante una dictadura que solo les permite el porte a aquellos que estén dispuestos a defender las ideas socialistas promovidas por el chavismo.
Es precisamente para evitar esto que la segunda enmienda de la Constitución de los EE. UU. garantiza tanto la portación de armas como la creación de una milicia para enfrentar al Gobierno en caso que este se exceda en sus funciones.
No obstante, desde la izquierda política local e internacional proponen quitarle a los ciudadanos el derecho a la autodefensa para otorgarle al Gobierno ese monopolio. López Obrador es uno de quien propone esto.
“¿Armas para qué?”, dijo Fidel Castro en su discurso inaugural de 1959 y les enseñó a sus seguidores que una población desarmada es una población a merced del Gobierno. Este ejemplo lo siguió Chávez, Maduro y López Obrador, quien ahora quiere los mismo para los EE. UU.
México vive el año más violento de su historia
Basta con ver los resultados al otro lado de la frontera para evidenciar el fracaso de la restricción. En promedio, un alcalde mexicano es asesinado semanalmente; tendencia que heredó López Obrador y que no solo no ha revertido, sino que va en aumento.
Solo el sábado 8 de junio se reportaron 113 asesinatos y el domingo 191. En la primera mitad de junio, del 6 al 12 del mes, se registraron 650 asesinatos, según reporta el Informe de Seguridad.
La cifra real podría superar las 800 víctimas fatales en ese lapso, ya que el mismo informe indica que «las estadísticas oficiales solo se reportan por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)». En el mes de febrero de este año, por ejemplo, mientras el Gobierno informó sobre 632 homicidios dolosos, el SESNSP contabilizó 790. Una diferencia de 158 homicidios.
Así que mientras López Obrador prometió «abrazos, no balazos» en su campaña presidencial, durante su mandato los mexicanos han vivido más violencia que nunca.
Más americanos son asesinados en México que en todos los países combinados
Es precisamente en México donde más ciudadanos de EE. UU. son asesinados que en el resto de los países juntos, según informa Forbes.
Toman en consideración las cifras de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, y los datos del Departamento de Estado, que revelan el homicidio de 75 americanos en México frente a 69 en el resto del mundo.
Es tal el grado de peligrosidad que el Departamento de Estado les advirtió a sus funcionarios no conducir desde la frontera de EE. UU. hasta “las partes interiores de México, con la excepción de los viajes diurnos en la autopista 15 entre Nogales y Hermosillo”.
“Si bien la mayoría de estos homicidios parecían ser objetivos, los asesinatos de organizaciones criminales, las batallas territoriales entre grupos criminales han resultado en crímenes violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses”, dice la agencia. “Han ocurrido incidentes de disparos que hieren o matan a transeúntes”.
López Obrador advierte acciones legales
Aunque el presidente de México aclaró que no pretende inmiscuirse en asuntos internos de Estados Unidos, al haber mexicanos entre las víctimas fatales, le dio la orden al canciller Marcelo Ebrard de “proceder legalmente contra quien cometió estos actos, este crimen”. El canciller anunció que tomaría acciones legales contra quien le vendió el arma al asesino.
2. Vamos a iniciar acción legal por el acceso al arma con la que se perpetró esta barbarie.
3. Participaremos en la investigación y juicio por terrorismo en contra de mexicanos en el EEUU. La petición de extradición será decidida por la Fiscalía General de la República.— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 5, 2019
“En el transcurso de las próximas horas (…), si así lo decide el señor fiscal (Alejandro Gertz) iniciará la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de los Estados Unidos”, agregó. “Que yo sepa sería la primera demanda de esta naturaleza en la historia”.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera, México sufre una ola de violencia ejecutada con armas de fuego restringidas y López Obrador no solo no ha logrado combatirlo, sino que incluso ha negado el índice de asesinatos que padecen sus connacionales.
De modo que pide implementar en el país vecino lo que en su país natal no ha funcionado, la restricción de armas, para lograr lo que su gestión no ha podido frenar: el aumento de la violencia armada.