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Está en agenda en toda América Latina el planteamiento de tener paridad de género, o sea que la mitad de los dignatarios sean de sexo femenino y el otro masculino, tanto para congresos y senados, como en gabinetes. El voto sobre el aborto en el senado argentino pone en duda si una mujer en tales cargos favorece o no a la agenda feminista que promueve estas medidas.
Ya que la causa del aborto se publicita como una cuestión de mujeres, el portal internacional CNN sacó el titular «63% de los votos contra el aborto en el Senado de Argentina fueron de los hombres». Cuando en realidad la mitad estuvo a favor del proyecto y la otra mitad en contra, 50/50.
«No es no» es el lema de cabecera de las causas contra la violencia hacia la mujer, sobre todo en materia de abuso sexual. Sin embargo, cuando las mujeres dicen que no a las causas feministas, su no tiene otro valor, uno inferior.
Como toda ideología colectivista, el feminismo no toma en cuenta la individualidad; tanto de hombres como de mujeres. Aduce que son miembros de un colectivo y por tanto aliadas naturales de su movimiento. Sin embargo, de las 28 senadoras que votaron, 14 lo hicieron en contra de la ley del aborto.
Asimismo, entre los senadores que estuvieron presentes pero se abstuvieron de votar, una es mujer.
Y dado que estaba con licencia maternal por embarazo, una senadora no participó del debate, no dio su voz ni voto. Figura como ausente.
O sea, no solo que no votaron a favor del proyecto sino que hubo senadoras que se abstuvieron de votar tanto por no ir como estando ahí.
Y es que por definición la labor de un senador es de representar a sus gobernados, ser su voz ante el parlamento.
Así lo planteó la senadora por la provincia de San Juan, Cristina López Valverde, cuyas palabras fueron tergiversadas, tras haber manifestado su voto negativo frente a la prensa.
Cuando se le consultó cómo votaría si la ley sufría modificaciones, respondió que sería irresponsable de su parte opinar sobre algo que no ha podido analizar con profundidad, pues no era un asunto ligero por «la responsabilidad que le compete». Sin embargo, varios medios plasmaron que era la ley que se estaba tratando la que no había leído. Y, junto a otros senadores que dieron voto negativo, le caricaturizaron como incapaz para su cargo.
Por su parte la senadora por la provincia de Salta, Cristina Fiore, resaltó que el proyecto de ley establecía un tipo penal muy amplio que podía penalizar la práctica médica. Pues el proyecto pretendía perseguir la dilación del procedimiento. A su vez planteaba una contradicción donde el médico podía ir preso por no practicar un aborto antes de la semana 14, tiempo en el cual se consideraría un derecho y también ir preso si lo realizaba después de la semana 14, cuando se consideraría delito.
Asimismo, puso en duda la seguridad del procedimiento, ya que planteaba en el artículo 13 que el aborto podía ser practicado o supervisado por un profesional de la salud. Es decir, no era indispensable que un médico lo efectúe, mientras alguno esté presente.
«Soy de las que cree en el derecho a la vida, inalienable, de las que no se resigna buscando atajos, señora presidente de las que cree que la igualdad implica crear las bases necesarias para que todos los argentinos nazcan, crezcan y sean plenos», dijo Silvia Elías de Fernández, la senadora más enfática en su defensa por la vida.
A quien se refería cuando dijo «señora presidente» es precisamente la segunda al mando de la nación y presidente del Senado, la vicepresidente Gabriela Michetti, frontalmente provida.
De modo que las senadoras no actuaron de manera uniforme, «por ser mujeres», sino de acuerdo a su propio criterio y en representación a los votantes de sus respectivas provincias, a menudo contra la consigna de su propio partido, como fue el caso de la senadora por la provincia de Río Negro, Silvina García Larraburu, que votó divergente a la expresidente, y jefe de bloque, Cristina Fernández de Kirchner, que pese a haberse planteado provida todo el tiempo que estuvo en el poder y como parlamentario, se proclamó feminista en la sesión del Senado.
El rechazo de la mitad de las senadoras se debe a que la ley no solo buscaba despenalizar el aborto sino que el procedimiento, en el que muere un ser humano, sea denominado derecho y por tanto debía ser avalado y financiado por el Estado, entidad que no tiene más presupuesto que el dinero que extrae con impuestos a los ciudadanos, muchos de los cuales se oponían a la ley. Sumado a ello, buscaba criminalizar a los médicos que juraron cuidar al vida desde la concepción.
Así, sin ser mujeres la mitad del total de senadores, la mitad de las senadoras actuales votaron de manera opuesta; poniendo en duda la efectividad de un sistema parlamentario con cuota de género. Pues la ética demostró no ser una cuestión de sexo, sino de convicción y sobre todo actuando en representación (de sus conciudadanos).
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