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EnglishActualización 10/12/2013, 21 hs. UYST: El Senado uruguayo aprueba el proyecto de regulación de la marihuana.
José “Pepe” Mujica, presidente de Uruguay, quiere cambiar radicalmente el modo de lucha contra el narcotráfico. Su modelo no consiste en prohibir sino, por el contrario, en legalizar la producción, comercialización y el consumo de marihuana, bajo la atenta mirada del Estado, el cual se convertiría en el ente regulador del mercado de la marihuana.
Así lo contempla el proyecto de Ley de Control y Regulación del Estado de la Importación, Producción, Adquisición, Almacenamiento, Comercialización y Distribución de la Marihuana, que hoy será debatido en el Senado, tras el visto bueno de la Cámara de Diputados en agosto pasado. El partido de Gobierno, el Frente Amplio, posee la mayoría en la Cámara de Senadores, con 16 de las 30 bancas, con lo cual se estima la aprobación del texto esta tarde, alrededor de las 19 hs.
“El problema no es la droga, es el narcotráfico, la mafia, la violencia que genera”, declaró Mujica en una entrevista con Andrés Oppenheimer, de CNN Español. Ciertamente, el narcotráfico es un problema social en este país de América del Sur, donde un tercio de la población carcelaria está privada de su libertad por presuntos delitos relacionados a las drogas. “Cuando usted prohíbe, sobre todo a la gente joven, le pone un anzuelo que es atractivo”, sostuvo.
El proyecto de ley que legaliza y regula la marihuana consta de 44 artículos. En el apartado de Principios Generales, artículo 4, justifica que el objetivo de la ley es “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado”.
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) será el encargado de la regulación. La Junta Directiva será el órgano máximo de administración del IRCCA, la cual será presidida por un representante de la Secretaría Nacional de Drogas, e integrada además por un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, otro del Ministerio de Desarrollo Social y uno del Ministerio de Salud.
La ley hace una distinción entre el consumo para uso medicinal y uso personal. Quienes deseen comprar cannabis para uso medicinal tendrán que presentar receta médica. Y las personas que lo requieran para uso personal tendrán que acreditar su registro en los puntos de venta autorizados, el cual una vez aprobada la normativa será reglamentado por el Ejecutivo. El volumen máximo de consumo permitido para uso personal será de 40 gramos de marihuana al mes, que equivale a aproximadamente 20 cigarros. Los consumidores podrán abastecerse también a través del autocultivo, con un tope de seis plantas, o los clubes de cannabis con plantaciones proporcionales al número de sus miembros.
Para regular el consumo se prohíbe la venta a menores de 18 años, no se permitirá la promoción publicitaria de la marihuana y se sancionará a los conductores que manejen bajo sus efectos. Toda plantación no autorizada deberá ser destruida. El Presidente de Uruguay analiza también un mecanismo de rastreo de los cigarros para evitar su comercialización en otros países. “No hay que molestar a los vecinos”, afirma.
Divesas ONGs se involucraron en la promoción del proyecto y en divulgación de información sobre el funcionamiento del mismo, entre ellas, Regulación Responsable y ProDerechos. Camilo Collazo, miembro de ProDerechos, explica que luego de la promulgación de la normativa, el Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentar su aplicación. El proceso no será fácil, pues entre otras cosas se debe abastecer a las farmacias, que son los puntos de venta autorizados. Collazo agrega que “se abre una disyuntiva que tiene que ver con aquellos presos que fueron encarcelados por tener menos de 40 gramos de marihuana y que no se les haya podido comprobar que estaban traficando. Esa gente, en teoría, debería ser liberada”.
El polémico proyecto de ley ha despertado críticas no sólo en los sectores de oposición, que sostienen que aumentará la disponibilidad de marihuana porque será posible encontrarla simultáneamente en el mercado legal y en el ilegal, sino también en Naciones Unidas. El organismo internacional señala que, de aprobarse el texto, Uruguay contravendría lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Mujica niega que se estén violando tratados internacionales. Para Collazo, una alternativa para el país sería denunciar los convenios en los que la ONU estableció la lista de sustanciales que son ilegales.
La Open Society Foundation, que preside el magnate húngaro George Soros, ofreció al Gobierno de Uruguay financiar una evaluación de los resultados de la aplicación del proyecto. En más de una ocasión el presidente de Uruguay ha señalado que el proceso de legalización de la marihuana es un experimento. “Como todo experimento naturalmente tiene riesgo y tenemos que tener la inteligencia de que si nos supera y nos pasa por arriba ponemos la marcha atrás”, indicó en declaraciones a la agencia APF. Pero si a contrario, el experimento da buenos resultados, Mujica habrá marcado un hito en la manera de legislar sobre las sustancias psicotrópicas.
Esquema de funcionamiento previsto para el nuevo sistema (clic para agrandar). Fuente: ProDerechos.
